El Ministerio de Trabajo ha publicado una orden ministerial que crea el nuevo Observatorio para la lucha contra el fraude en la Seguridad Social. Un órgano colegiado que reúne a empresarios, sindicatos y diversas entidades dependientes del propio ministerio, como la Tesorería, los servicios jurídicos y la Inspección, y cuyo objetivo será tratar de afinar la acción en materia de prevención de conductas irregulares sobre cotizaciones, afiliación y cobro de prestaciones al instituto de previsión social. El nuevo Observatorio echará a andar en el mes de septiembre con la misión de intentar mejorar la eficacia en la prevención y detección del fraude en afiliación y cotizaciones, así como en el cobro de las prestaciones que dependen de la Seguridad Social. El órgano propondrá estudios y llevará a cabo un análisis de la información disponible en este ámbito. Con ello, tratará de incrementar la recaudación a la Seguridad Social a base de perseguir conductas irregulares, que merman los ingresos del instituto de previsión social, perjudican a los empresarios cumplidores de la normativa, y detraen ingresos que deberían destinarse al pago de las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social, como incapacidad, orfandad, viudedad, entre otras, además de las pensiones.

Vigilancia especial al cobro de prestaciones

El Observatorio, que cuenta con un precedente en 2006, se marca el objetivo de aumentar la eficacia en la detección y persecución de conductas irregulares y el fraude en materia de afiliación, cotización y recaudación, con especial atención al cobro indebido de prestaciones, afirman desde el ministerio. A partir de septiembre, la entidad ideará planes de control e inspección “específicos”, y, si fuera necesario, propondrá cambios legislativos que aumenten la eficacia en este ámbito. También realizará un seguimiento de las actuaciones en este sentido, y publicará informes así como un resumen anual con los resultados más destacados en la materia. El Observatorio contra el fraude en la Seguridad Social se articulará mediante un Pleno y comisiones provinciales, tal y como está recogido en la orden ministerial, que fija un plazo no superior a tres meses para desarrollar estos órganos de funcionamiento. Para el ministerio, la lucha contra el fraude a la Seguridad Social es un “objetivo estratégico” que el nuevo órgano, con un enfoque de tratamiento integral de la prevención, ayudará a cumplir.