Unos 385.000 trabajadores domésticos, la mayoría mujeres, carecen de prestación por desempleo; no están incluidas en la ley de prevención de riesgos laborales; y afrontan despidos menos garantistas que el resto de los trabajadores. España, que se comprometió en 2011 a mejorar sus condiciones de trabajo, se ha negado a ratificar el convenio 189 de la OIT; una legislación que supondría un trampolín hacia el trabajo más digno de estas trabajadoras, especialmente golpeadas por la pandemia, según un estudio de UGT que repasa la última década de evolución de esta actividad, desde la creación en 2011 del sistema especial de empleados del hogar. Hace una década España aprobó una nueva normativa llamada a integrar el trabajo doméstico dentro del régimen general de la Seguridad Social; aquel que incluye a los asalariados. Sin embargo, diseño un sistema especial para albergar a los entonces 300.000 trabajadores que cotizaban al instituto de previsión social. La aprobación de la nueva norma supuso un aluvión de nuevos afiliados; un 40% más, debido en parte al afloramiento de empleo sumergido, pero también gracias a la obligación de cotizar desde la primera hora, lo que dio carta de naturaleza laboral a relaciones que hasta entonces no se consideraban como tales. El salto de unos 300.000 afiliados a cerca de 414.000 tuvo como protagonistas en primer lugar a las mujeres de nacionalidad española, unas 75.000; si bien entre ellas se cuentan también a quienes habían accedido a esta nacionalidad; un trámite sencillo por ejemplo para las personas procedentes de Latinoamérica. Con todo, el trabajo doméstico actuó como sector refugio en esos años de feroz crisis económica, entre 2011 y 2012. Y así siguió, aumentando el número de cotizantes hasta que, en 2015, comenzó a declinar.

Caen los salarios

En cuanto a los salarios, la nueva normativa ha venido acompañada de un descenso en las retribuciones de los trabajadores domésticos; mujeres, en su mayoría. En 2006 las familias gastaban una media de 355 euros, si se suman salarios y cotizaciones. En 2019, el gasto apenas llegó a los 300 euros. UGT aventura una razón que explica la caída en el gasto de los hogares en retribuir el trabajo doméstico. Se trata de la jornada parcial, que creció en cinco puntos, desde 52% hasta el 57% entre 2011 y 2019; y que puede esconder una infracotización de las trabajadoras de este sector. “La disminución del gasto medio por hogar puede estar relacionada con el cambio de jornadas completas a jornadas parciales. Es probable que, en algunos casos, la jornada de trabajo esté sobrepasando la declarada o contratada, y sin embargo se pague y cotice como una jornada parcial”, razona el informe. Una parcialidad que sobrepasa con mucho la del resto de sectores. Y que tendrá su correlato en el tiempo con pensiones muy bajas, tal y como ya sucede en la actualidad. De hecho, las pensiones por jubilación de este sistema apenas alcanzan los 550 euros (algo más en el caso de los hombres), con datos de 2019. Y si llegan a ese nivel, lo hacen gracias a que el Estado complementa el 33% del importe de la nómina, gracias a los llamados complementos a mínimos, que se suman cuando una pensión no alcanza el umbral mínimo de unos 643 euros, para los mayores de 65 años, con cónyuge no a cargo, con derecho a recibir el 100% de la pensión.

Más de 55.000 solicitudes de ayuda en la pandemia

El sistema especial de empleados del hogar no cotiza por desempleo. Una circunstancia que, con la llegada de la pandemia, cobró especial protagonismo, cuando las mujeres trabajadoras no pudieron acceder a los hogares donde desempeñan su labor, ni tampoco acceder a una prestación por desempleo. Entonces el Estado articuló una prestación especial, que pidieron casi 56.000 personas, y que se concedió a algo más de 40.000; aunque faltan datos que permitan sacar conclusiones al respecto, según denuncia UGT. En 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó un convenio que promueve el “trabajo decente” de los trabajadores domésticos. España no ha ratificado aún este convenio 189, que sí ha recibido la bendición de 32 países —ocho de ellos de la Unión— desde su aprobación. Sin embargo, los trabajadores domésticos necesitan en España, según UGT, un fuerte impulso normativo, que les dote de prestación por desempleo; elimine la figura del desistimiento, que facilita su despido; regule mejor las horas de presencia, para evitar su conversión en jornada de trabajo encubierta, y el horario nocturno; equipare sus bajas con las del resto de trabajadores; y especifique qué tareas no deberían nunca realizar los empleados del hogar; que tendrían que quedar también incluidos en la ley de prevención de riesgos laborales, demanda UGT. Además, el sindicato pide que, tras la aprobación de la llamada ‘ley rider’, que ha puesto coto a la utilización de falsos autónomos por las plataformas de reparto, se extienda su poder hacia otras plataformas, surgidas al calor del auge digital, que se “aprovechan” de la relación laboral especial de los trabajadores del hogar “de forma fraudulenta”, denuncia la central. Según UGT, España ha incumplido el compromiso de desarrollar la normativa aprobada en 2011 —el real decreto 1620/2011; y la disposición adicional 39 de la ley 27/2011—; y con ello la promesa de mejorar la protección social de los trabajadores del hogar.