Dice, y dice sabiamente, el refranero eso de “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.  Un proverbio que bien puede aplicarse a Pedro Sánchez y al gobierno cuando presumen de la marcha de la economía y del empleo, basándose en las estadísticas oficiales, que son medias verdades, unas; y otras tienen más cocina que las encuestas de Tezanos, para desencadenar un espejismo de los indicadores macroeconómicos que  provoca intencionadamente una distorsión de la realidad social, de la situación de las empresas y del empobrecimiento de los ciudadanos. Los indicadores macro se benefician todavía de la comparación anual con los años del COVID, lo que en el caso del PIB el crecimiento del 2,5% en 2023 es más aparente que real dado que si crecemos más que los socios europeos es porque fuimos también los que más caímos en pandemia, por lo que todavía estamos recuperando y no creciendo. Es por ello que las agencias de calificación como Moody`s dudan ya de la continuidad de esta tendencia positiva por la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que, además, está expulsando las inversiones extranjeras y paralizando las nacionales. De hecho, los datos oficiales muestran como la inversión extranjera se desplomó un 18,17% en 2023. Mas grave es la situación de la deuda pública, que en enero aumentó en 8.090 millones de euros respecto a diciembre, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 1,582 billones de euros, superando el 108% del PIB. Un dato que si se produjera en una empresa priva supondría la quiebra total y el cese o dimisión de todos sus gestores, y un coctel que habrá que afrontar en un contexto de subida de tipos de interés y con un Banco Central Europeo en retirada tras ocho años en los que el organismo ha comprado deuda española por un valor de casi medio millón de euros. Tampoco la rebaja del déficit público al 3,66% justifica la euforia del Gobierno, sobre todo porque la mejora es sólo por el aumento de la recaudación impositiva con la consiguiente asfixia fiscal y no por un ajuste del gasto improductivo y del recorte de ministerios tan innecesarios como ineficaces o de los numerosos asesores y altos cargos enchufados a dedo por el sanchismo gobernante cuyo coste triplica el del último gobierno de Rajoy. Y si hablamos del empleo vemos que la diferencia existente entre el paro registrado y el paro real supera en casi 1,3 millones de personas a los 2.760.408 desempleados registrados en las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cifra que resulta de restar del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, aquellas que están ocupadas, lo que nos da el total de personas registradas y que no están trabajando y que al finalizar febrero ascendían a 4.051.365. Y eso sin contar los fijos discontinuos en periodo de inactividad. A ello añadir que la rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida y en la España de Sánchez un contrato indefinido está dejando de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable y poder llegar a fin de mes. Al tiempo que Eurostat acaba de confirmar que los españoles son los europeos con más probabilidades de perder su trabajo con un 3,1% de los ocupados que acaban en el paro cada trimestre- el 8% en el caso de los jóvenes- frente al 1,3% de media UE. Un espejismo de los datos macro que contrasta con la realidad de 12,3 millones de españoles, el 26% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social con datos de la UE, con el 61,6% de las familias que no pueden llegar a fin de mes como refleja el último informe de la OCU, y con el 62% los consumidores españoles que se queda en casa esta Semana Santa, según refleja el último estudio realizado por la aplicación de bienestar financiero Plazo, tasa que supone un incremento de 14 puntos porcentuales con respecto a 2023, y que tiene como causa principal  la coyuntura económica  actual caracterizada por una alta inflación y un aumento generalizado de los precios. Estos y no los que nos cuentan son los resultados de las políticas económicas y sociales de un gobierno que presume de social mientras se niega a rendir cuentas por la corrupción política y económica que le salpican y se aplica a amnistiar a golpistas, delincuentes y malversadores.