El informe, titulado 'Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad', se basa en una encuesta realizada a más de 600 personas y destaca varias deficiencias en el sistema de valoración. Entre ellas, se señala que el 33% de las personas encuestadas no logran alcanzar el grado mínimo para ser reconocidas como discapacitadas, lo que representa un aumento del 6% desde la implementación del nuevo baremo de discapacidad. Además, el estudio muestra que en el 60% de los casos no se tiene en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas durante el proceso de valoración, ignorando aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado. Asimismo, el 55,5% de los encuestados afirmaron que durante la evaluación no se consideraron todas las pruebas e informes aportados, y el 63% indicaron que no se valoraron adecuadamente las enfermedades o trastornos asociados.

Presidente de Cocemfe

Anxo Queiruga, expresó su preocupación por la situación actual, señalando una carencia significativa de recursos y formación para el personal encargado de la valoración. Queiruga destacó que, dos años después de la entrada en vigor del nuevo baremo de discapacidad, las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos significativos en el acceso a recursos y derechos. Ante esta situación, Cocemfe exigió una aplicación inmediata y completa del nuevo baremo de discapacidad, así como medidas para garantizar una valoración adecuada y equitativa para todas las personas. Además, instó a las administraciones a realizar un esfuerzo de cohesión y a dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración en todo el territorio nacional. La obtención del certificado de discapacidad es crucial para acceder a los derechos y beneficios establecidos para las personas con discapacidad en España. Sin embargo, los retrasos y deficiencias en el proceso de valoración plantean serias preocupaciones sobre el acceso equitativo a estos derechos. Según Cocemfe, es fundamental invertir en recursos humanos y materiales para garantizar un despliegue efectivo del nuevo baremo y evitar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en el país.