Lo único cierto es que es muy preocupante lo que está pasando en España, una oleada que comenzó con paso firme Donald Trump en Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, por citar algunos. La mentira, el bulo, el ataque personal, el insulto se está asentando no solo en las redes sociales, sino que están saliendo de ellas para ser acogidas por medios de comunicación afines a los partidos políticos que les subvencionan y buscan para que amplifiquen sus teorías conspiratorias.

Hemos entrado en una espiral en la que la Justicia, con el órgano de jueces (CGPJ) pendiente de cambiar desde hace más de cinco años, se está apoderando de la vida política, intentando hacer verdad lo que es mentira. Ahora todo hay que cogerlo con alfileres. Desde lo que vemos en las redes sociales, conquistadas por negacionistas, fake news, bulos permanentes, mentiras sin rubor e insultos descarnados. Y lo peor, lo más lamentable, lo que se ha dado en llamar el cuarto poder, una parte de los medios de comunicación les está dando pábulo, no con noticias ciertas y contrastadas sino por algo más mezquino como es la subvención.

Con estas alforjas el resto de las cuestiones se precipita hacia un caos de efectos impredecibles. No está en juego la honorabilidad de la esposa del presidente del Gobierno, o de otros afectados por el acoso mediático y de mentirosos, lo que está en juego es la base de la propia democracia. En PP y Vox ya no hacen los resultados electorales y los juegos de sumas de consensos entre fuerzas políticas.

Desde 2018 intentan convencer a todos los españoles que nos gobierna un gobierno ilegítimo. Que la moción de censura perdida por Mariano Rajoy con las reglas establecidas constitucionalmente no vale, y que los resultados del 23J, tampoco. Para la derecha y ultraderecha las calculadoras no existen, y solo les vale que gobierne el que tenga más votos, cuando la situación les es favorable. Lo demás es ilegítimo.

Lamentablemente, lo que está en juego es la democracia y no es necesario un golpe de Estado con disparos y ocupación del Congreso para cambiar el orden constitucional. Ahora las armas están en las redes sociales y la credulidad de la gente de que todo lo que se publica ahí es verdad.

Pero también está en juego creer en otro de los pilares de la democracia: la Justicia, que hoy por hoy está haciendo aguas. PP y Vox acusan al Gobierno de ser ilegítimo, y que podemos decir de un órgano ‘independiente’ que lleva más de cinco años sin cambiarse porque su mayoría es conservadora y parece estar sirviendo a los intereses  de una opción política, que intentan judicializar al poder legislativo.

Los españoles llevamos tiempo dudando de la independencia de la Justicia, que se deja zarandear por los caprichos de un PP que condiciona la elección de los jueces y lo lleva hasta Bruselas para luego seguir sin cambiar nada. ¿A quién le interesa que no se cambie? ¿Cuántos son los juicios en los que el PP está implicado pendientes de  proceso y sentencia?

Pero el PP, acompañado de Vox, pone en duda al resto de las instituciones. Han convertido al Senado en su cuartel general donde paralizar las leyes que necesita el país, tumbando todo lo que les llega porque no son de la cuerda de su ideología. En el Senado ya no se habla de política territorial ni de leyes sino de cambiar las reglas de juego democráticas con las que el PP pretende gobernar desde la Cámara Alta, sin propuestas que beneficien a la mayoría, sino destruyendo todo lo que se intenta hacer por el mayor número de ciudadanos.

Por tanto, poder judicial y poder legislativo están puestos en cuestión y devaluados, pero con las críticas del PP y Vox también se han visto desmerecidos el Tribunal de Cuentas y todas las instituciones que no controlan.

Vivimos en un clima irrespirable, arrojando insultos cada vez con mayores decibelios, mentiras, bulos… que afectan a la convivencia y a los enfrentamientos ya entre militantes, ataques físicos a alcaldes, hundimiento profesional de políticos que la Justicia luego exculpó como la magistrada Rossell, la exvicepresidenta valenciana Oltra o todos los ataques dirigidos a políticos de Podemos.

Estamos ante un golpe de Estado silencioso de la derecha y ultraderecha mientras el común de los mortales se siente indefenso porque la democracia ya no funciona.

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Solo unas horas antes, el presidente había contestado con aire cansado y cara de pocos amigos a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre si cree en la Justicia. Su respuesta fue: “Pues fíjese, en un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país”. Sánchez se refería implícitamente a la investigación sumarial abierta por el juzgado 41 de Madrid contra su compañera Begoña Gómez. Según una información difundida a última hora del martes, 23 del corriente, ese juzgado ha admitido una denuncia de Miguel Bernad, un tipo que al frente del ente Manos Limpias se dedica a instrumentar causas judiciales para cobrar importantes cantidades de dinero de bancos y empresas. Sus supuestas extorsiones eran, por lo visto, plenamente legales, ya que fue absuelto recientemente. En su denuncia contra la esposa del jefe del Gobierno la acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su tarea en el IE África Center.

Como es sabido, el líder del PP, Núñez Feijóo, abrió la veda contra la esposa del presidente desde que éste le reclamara en el Pleno del Congreso hace dos meses que pidiera la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las mordidas millonarias de su pareja de hecho, Alberto González Amador, en la contratación de mascarillas durante la pandemia. El novio de Ayuso, que obtuvo dos millones de euros por sus gestiones enmascaradas e incurrió en delito de fraude fiscal, ha intentado por todos los medios evitar el juicio para no dañar a Ayuso.

A partir de la respuesta de Feijóo, aludiendo a la familia de Sánchez, como la vía correcta para defender a Ayuso, el lanzamiento de fango contra la persona más cercana al presidente ha sido constante. Las informaciones sesgadas, cuando no abiertamente mendaces, de algunos medios remunerados por las derechas sobre Begoña Gómez han culminado con la formación de una resma de fotocopias como base de la denuncia del señor Bernal. Con anterioridad, Feijóo utilizó la vía administrativa, apelando a la Comisión de Vigilancia y Control de Alto Cargos por si Sánchez hubiera incurrido en falta o irregularidad para beneficiar a su compañera. No hubo tal.

Por lo demás, la semana parlamentaria ha dejado asuntos tan significativos como el rechazo del PP a la ayuda humanitaria a los palestinos de la masacrada franja de Gaza y los también desaforados intentos del acendrado pro israelí Elías Bendodo de vincular al exministro de Sanidad y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, con la “trama Koldo” de compra de mascarillas. “La justicia le pisa los talones”, llegó a afirmar Bendodo sobre Illa, quien aclaró que habló una vez con Koldo y para indicarle que se dirigiera a los técnicos de su departamento, que, por cierto, no utilizaron sus servicios. Koldo compareció en la comisión de investigación paralela auspiciada por el PP en el Senado, pero sólo contestó al portavoz del PP que le llamó “miserable”, recordando el refrán: “Cree el ladrón que todos son de su condición”.

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