Finales del año 2006. Un semestre antes del derrumbe del mercado de hipotecas subprime en Estados Unidos en el verano de 2007, cuyo rápido contagio a las economías del mundo desarrollado a través de los fondos de titulización y de los vehículos de inversión estructurados dio origen a la mayor crisis financiera internacional que se recuerda desde la Gran Depresión generada por el crac de Wall Street en 1929. En medio del debate sobre la necesidad de crear grandes grupos de cajas rurales y combatir la atomización del sector más pequeño del sistema financiero español, una veintena de ellas (Globalcaja, Bantierra, la Rural de Asturias, Cajamar, Cajaviva, Central, Córdoba, Ruralcaja, Extremadura, Granada, Jaén, Navarra, Salamanca, Soria, Sur, Teruel, Zamora y Caja Siete) logró ponerse de acuerdo para realizar una expansión conjunta, inicialmente dirigida al sur de la Comunidad de Madrid (Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, entre otras grandes localidades). Una zona en la que esas entidades no tenían presencia.

Este grupo de rurales compra la ficha bancaria 31.146, que pertenecía a la Caja Escolar de Fomento, ligada a la institución promotora del Centro Universitario Villanueva en Madrid e inactiva desde el año 2005, y la transforman en la Caja de Crédito Cooperativo, que opera con la marca Novanca.

La Caja de Crédito Cooperativo crea RedNovanca, una sociedad limitada unipersonal (SLU), como agente que comercializa los productos de la entidad financiera. De esta forma, acusan los sindicatos, se sitúa al margen del convenio de cooperativas de crédito y cajas rurales, y puede pagar remuneraciones bastante más bajas que las que cobran los empleados de las sucursales de las cajas rurales promotoras.

El proyecto Novanca era ambicioso: la inauguración de una sucursal al mes durante los tres primeros años. Como mínimo, 36 sucursales. Y daría beneficios a partir de 2010, tras el tercer ejercicio de existencia. Pero la crisis financiera internacional destrozó esas “cuentas de la lechera”, como las define ahora un directivo de una de las rurales promotoras de Novanca. El plan de expansión de oficinas tuvo que reducirse drásticamente, a la mitad. Y la perspectiva de beneficios no se atisba hasta que no se cierren las cuentas de 2014, como muy pronto, tras acumular pérdidas de 8,5 millones en los tres últimos años (3,3 millones en 2010; 3,1 millones en 2011; dos millones previstos para el ejercicio que acaba de terminar).

Y eso que en la Memoria de Novanca correspondiente a 2011 insistían en seguir abriendo sucursales (unas 15) y en que la rentabilidad llegaría en 2015.  A31 de diciembre de 2011, el capital de Novanca ascendía a 5,97 millones de euros.

“Desastrosa” gestión

Según el sindicato Comfia‐CCOO, Novanca acumula pérdidas superiores a los 11 millones de euros desde su creación. “Hemos tenido conocimiento del intento que están llevando a cabo las cajas rurales propietarias de Novanca de proceder a su venta a un grupo inversor extranjero”, señalan. Está en el aire el futuro de medio centenar de personas.

El sindicato ha emplazado a Alfonso Naranjo, director general de Novanca, y a su presidente, Ernesto Bendala, que representa a Globalcaja, a que aclaren el futuro de la entidad. Y a que rindan cuentas de la “desastrosa” gestión llevada a cabo por los directivos de la Caja de Crédito Cooperativo.

Mientras, algunas de las cajas rurales promotoras de Novanca, que se hallan inmersas en diversos procesos de concentración, defienden que la entrada de un accionista mayoritario ajeno a este sector puede servir para organizar una salida ordenada de este proyecto truncado.