El país de las 100.000 leyes

06/11/2013

Luis Díez.

Sobre las leyes hay mucha literatura. Pero, por resumir, vale apelar al romano Tácito cuando dijo que “los Estados más corruptos son lo que más leyes tienen” y a Montesquieu cuano afirmó que “las leyes inútiles debilitan las necesarias”, antes de preguntarnos cuántas leyes tenemos en España y para qué sirven. Esta primera semana de noviembre, sin pleno legislativo ni de control al Gobierno en el Congreso, parece un momento propicio para lanzar esa reflexión.

Un reciente informe de la CEOE afirma que tenemos la friolera de 100.000 leyes en vigor, de las cuales unas 67.000 de ámbito autonómico. La producción legislativa es de tal magnitud que un ciudadano necesitaría 24 horas del día para leer por encima las miles de páginas de literatura dispositiva que lanzan los organismos competentes con su incalificable afán de regular cada uno de nuestros pasos, cada segundo de nuestras vidas, y su innegable capacidad para volvernos locos.

En concreto, el BOE y los distintos diarios oficiales de las Comunidades Autónomas imprimen más de 1,2 millones de páginas al año, unas 3.300 cada día. Puede que, como dice Rosa Díez en la exposición de motivos de una proposición no de ley que ha formulado pidiendo una micra de sensatez y coherencia, la complejidad de nuestra sociedad requiera regulaciones de actividades que ayer no existían. Pero la farfolla legislativa no suele redundar en la seguridad jurídica sino, más bien en lo contrario.

Cada día vemos en las calles a más ciudadanos cabizbajos, acechados por las dudas y la inseguridad. No es que duden de la existencia de Dios o de otros asuntos teológicos que escapan a la ley natural; dudan de las reglas, de si estarán en regla, si se atendrán a las disposiciones, si habrán contravenido alguna norma, si han cumplido las cláusulas, puesto la póliza, marcado la casilla adecuada, etcétera, etcétera. Hagan la prueba y pregunten al primer viandante: “¿Usted duda ante la legalidad vigente?, ¿Usted cree que puede ser sancionado?” Y obtendrán la respuesta: duda y temor.

Otra característica de la abundante producción legislativa es esa tendencia a incluir en las leyes unas declaraciones interminables y unos principios altisonantes, bruñidos de cursilerías y, con frecuencia, plagados de estupideces contrarias al recto y cabal decir. En demasiadas ocasiones, esa supuesta impericia técnica no ayuda precisamente a garantizar la seguridad jurídica; antes, al contrario, parece y es intencionada para sancionar más y mejor a los ciudadanos.

La constatación de que en el Reino de España cada vez se legisla más y peor debería llevar a los políticos y mandarines a derogar en vez de seguir legislando, casi siempre en beneficio de clanes poderosos y en perjuicio del pueblo llano. Pero como eso no va a ocurrir, tendrían que pasar por un tamiz de corrección, la claridad lingüística y la coherencia legislativa para que, como pide Rosa Díez, y ocurre en los países de nuestro entorno, sepamos a qué atenernos.

La propuesta de la dirigente de UPyD llega en un momento oportuno, cuando, por enésima vez ha quedado demostrado el uso abusivo del BOE, en esta ocasión por parte del ministro de Educación, Juan Ignacio Wert, contra los estudiantes universitarios que tienen concedidas becas Erasmus. Digo enésima vez por no recordar los bochornosos casos en los que el Gobierno ha utilizado la firma del jefe del Estado, el rey Juan Carlos, para sancionar reales decretos sin que éste tuviera conocimiento de la disposición ni hubiera delegado la firma ni antes de un viaje privado de cacería en África ni después, en el quirófano y bajo el efecto de la anestesia.

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