Con esta decisión, el primer ministro griego, Georgeos Papandreou, acepta la recomendación realizada por una comisión parlamentaria, que ha estado varios meses investigando este caso y ha concluido que el Gobierno griego debería reclamar 2.000 millones de euros en daños y perjuicios por este asunto.

En concreto, Papandreou solicitó al ministro de Justicia que inicie un procedimiento legal para imponer multas por incumplimiento de los principios de transparencia, y al ministro de Desarrollo que ponga en marcha una investigación de la Comisión de Competencia sobre una supuesta violación de la libre competencia.

Asimismo, ha pedido al Ministro de Hacienda que estudie la posibilidad de iniciar, a través de la Comisión Jurídica del Consejo de Estado, acciones para reclamar una indemnización por daño moral al gobierno Griego. Además, Hacienda se encargará de supervisar la recaudación y las medidas adoptadas por el Estado ante los daños causados a otras empresas por las supuestas actividades ilegales de Siemens.

Las autoridades griegas han estado investigando el pago de sobornos por parte de la división helena de Siemens para conseguir la adjudicación de contratos públicos entre 1997 y 2002, así como otras proyectos relacionados con los Juegos Olímpicos celebrados en 2004 en Atenas.

Siemens pagó presuntamente alrededor de 1.300 millones de euros en sobornos a funcionarios de diferentes países a cambio de contratos entre 2000 y 2006. Según la prensa alemana, en el caso de Grecia la compañía dedico 100 millones de euros al pago de estos sobornos.