Comisiones Obreras (CCOO) convocará huelga en toda la Administración de Justicia si el Gobierno persiste en sus planes de reforma del Registro Civil. Según informa la central, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha desistido en su propósito de ceder a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión de estos registros. Pero, añaden desde el sindicato, se mantiene firme en su intención de “explorar nuevas vías” que modifiquen la situación actual.

CCOO avisa a Gallardón de que convocará huelga en Justicia si el ministro persiste en su empeño por ceder la gestión de los registros civiles. Según el sindicato, el pasado 11 de marzo, el ministro del ramo rompió negociaciones con los registradores de la propiedad y mercantiles, en quienes se pensó en principio para asumir la gestión de los trámites del registro civil.

Ante la pretensión de Gallardón de explorar “nuevas vías” de gestión de los registros civiles, el sindicato mantiene todas las iniciativas para que el Registro Civil siga en manos del personal de la Administración de Justicia, y continúe siendo un servicio “público, universal y gratuito”, advierten desde la central.

En la tarde de este martes, representantes de CCOO se reunirán con diputados del Grupo Parlamentario Popular. Una reunión que se suma a los contactos mantenidos con anterioridad con otros grupos políticos, como Izquierda Plural, BNG y Grupo Socialista, en la ofensiva del sindicato por preservar el statu quo del registro civil.

En concreto, la central que dirige Fernández Toxo rechaza el establecimiento de un pago directo a los ciudadanos por usar los servicios del registro civil. Pide que el servicio siga siendo gratuito. E incluso disiente ante la posibilidad de que se fije un pago indirecto que se financie por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que retribuya al colectivo al que pudiera encargarse la gestión de los registros civiles.

Más de 5.000 trabajadores afectados

El sindicato teme por el futuro de las 5.200 personas que trabajan actualmente en los registros civiles; que representan el 13% del total del personal adscrito a la Administración de Justicia, en 1.600 oficinas.

En cambio, la central no se opone a que el Registro Civil sea “desjudicializado”, es decir, que se suprima la figura del juez como responsable de los Registros Civiles. Sin embargo considera que este servicio público debe prestarse por funcionarios de la Administración de Justicia; en particular, propone que los encargados de los registros civiles sean secretarios judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal.

También alerta CCOO sobre el riesgo de desaparición de los Juzgados de Paz y de las agrupaciones de Juzgado de Paz. “Supondría alejar un servicio público esencial”, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades.

Por último, la central se muestra preocupada por la seguridad de datos. Pide que se evite la transferencia del manejo de datos, desde la gestión pública, a la gestión privada. Y recuerda que atesoran datos sobre asuntos sobre los que debe guardarse la “máxima confidencialidad”, como adopciones, divorcioso cambios de sexo.