CiU propondrá al Congreso una reforma legal que obligue a las empresas a firmar contratos laborales con los estudiantes por las prácticas que no forman parte de un plan de estudios. La coalición catalana presentará la próxima semana una proposición no de ley a fin de terminar con la actual bolsa de “empleo sumergido”.

La proposición de CiU sugiere la posibilidad de vincular las ayudas que se conceden a prácticas no integradas en un plan de estudios oficial a la existencia de una contratación laboral. Con ello, se pretende evitar el fraude en este sector y que se utilice a becarios para cubrir puestos de trabajo necesarios.

En el texto, el portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, recuerda la necesidad de “combatir desde todos los frentes posibles» la economía irregular. Además, subraya que muchos de los periodos de prácticas, especialización o colaboración de los titulares universitarios se remuneran como becas “a pesar de no estar asociadas a ningún convenio educativo”.

Este tipo de situaciones deberían contar con un contrato laboral y no con becas, añade. La situación actual conlleva “irregularidades laborales graves y un fraude a la Seguridad Social”, critica, ante la “extendida mala praxis” que consiste en “encubrir puestos de trabajo de titulados académicos” mediante estancias remuneradas en régimen de beca. Todo ello a pesar de no tener “ningún vínculo con centros educativos”, sentencia.

«Hay que ponerle fin a esta bolsa de empleo sumergido. Hace falta una regulación laboral específica”, reitera.

La burocracia atasca el dinero contra el paro juvenil

Por otra parte, el presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Henri Malosse, abogó este viernes por la “movilidad” juvenil, aunque, precisó, esta debe ser “elegida” por los jóvenes y no impuesta por la mala situación económica en sus países de origen.

En un encuentro con jóvenes, Malosse ha explicado que durante su visita esta semana a España ha podido reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con quienes ha abordado el problema del desempleo juvenil en España.

En este sentido, el presidente del CESE ha detallado que ha abordado tanto con Rajoy como con Báñez el plan europeo de ‘Garantía Juvenil’, que pretende que los jóvenes de hasta 25 años reciban una oferta de trabajo, educación continua, formación de aprendiz o prácticas en un periodo de cuatro meses después de quedar en el paro o bien de acabar su formación.

Este programa tiene un presupuesto de 6.000 millones de euros, fondos para apoyar a los jóvenes que se encuentran en situación de desempleo y que, según ha criticado Malosse, todavía no han podido utilizarse debido a problemas burocráticos. “El dinero está ahí, pero no se puede usar por la regulación administrativa”, ha señalado.