El Código de Buenas Prácticas, impulsado por el Gobierno para una reestructuración viable de las deudas hipotecarias, ha recibido 4.523 solicitudes en el último trimestre de 2013, más que durante todo el primer año en vigor (de marzo de 2012 al mismo mes de 2013), que sumó 4.385 peticiones. De las 1.624 operaciones aceptadas, en la mayoría de los casos se reestructuró la deuda, y hubo 397 daciones de pago. Las denegaciones, que suponen el 40% de las solicitudes, se produjeron por falta de documentación o por desistimiento como causas principales.

Hay 45 entidades financieras adheridas al Código, que sólo es operativo para deudas procedentes de hipotecas sobre la vivienda habitual. Las 4.523 nuevas solicitudes presentadas en el tramo final del año suponen una clara aceleración, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre (1.967).

La progresiva mejor acogida de las medidas incluidas en el Código de Buenas Prácticas se explica, según el Ministerio de Economía, por las mejoras introducidas en la Ley 1/2013 de 14 de mayo, que supusieron “ampliar y flexibilizar las medidas de protección”. Así, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) acogerse al Código cuando antes debían carecer de rentas. La unidad familiar ha debido sufrir una alteración significativa de las circunstancias económicas durante los últimos cuatro años y su cuota hipotecaria debe superar el 50% de los ingresos netos, entre otras modificaciones.

La Comisión de Seguimiento señala que de las 4.523 solicitudes recibidas, 2.904 (el 64,21%) se encontraban pendientes de resolver a finales de 2013. Durante el tercer trimestre del año pasado se resolvieron 3.849 solicitudes (algunas arrastradas de trimestres anteriores). De ellas, se denegaron 1.529 y se aceptaron 1.624. La no presentación de la documentación correspondiente y la renuncia del cliente (696 casos) fueron las causas principales de la denegación de la solicitud.

De las 1.624 operaciones realizadas, en 1.227 casos (el 75,55%, y el 31,88% de los expedientes tramitados) se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente; en 397 casos (24,45% de las realizadas y el 10,31% de los expedientes tramitados) se acordó la dación en pago y consiguiente extinción de la deuda. En ningún caso la operación finalizó con una quita de la deuda por parte de la entidad con el fin de poder reestructurar la deuda de modo viable.