Proyecto Castor

El informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre las causas de lo seísmos en el Mediterráneo, frente a las costas de Castellón y Tarragona, no deja lugar a las dudas. El origen de los movimientos sísmicos detectados tiene una relación directa con la inyección de gas del en el almacenamiento de Castor. Si bien el ministerio de Industria tiene pendientes o puede encargar informes técnicos adicionales a institucionales internacionales, lo que queda claro es que Castor ha quedado sentenciado al cierre.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, manifestó en diversas ocasiones que el almacenamiento, en el que hay enterrados más de 1.700 millones de euros, no sería operativo al no ser que la seguridad estuviese garantizada al 100%, algo que ya es imposible.

Con este informe sobre la mesa, que ha sido hecho público por voluntad de un diputado de IU, en medios del sector se plantean varias cuestiones relacionadas con la planta y con la inversión realizada, la mayor parte por la constructora ACS. ¿Se indemnizará a las compañías que han realizado la inversión a través de la tarifa del gas? ¿A través de los Presupuestos del Estado? O, ¿a través de una solución mixta? La primera solución se enfrenta a un problema: que, según la normativa actual, no se puede llevar a tarifas una infraestructura que no ha entrado en funcionamiento. Otra posibilidad que se ha barajado en los últimos meses es la de ‘hibernar’ la planta y compensar la inversión en un plazo de varios años, pero en este caso también es necesario encontrar la ‘fuente de financiación’.

Hay precedentes que marcan algunas de las dificultades a las que se puede enfrentar el Ejecutivo. El Tribunal Supremo rechazó en octubre la petición del Gobierno que incluía una eventual anulación de la indemnización en el caso de que demostrará negligencia o dolo por parte de la empresa que lo gestiona. Con anterioridad a lo seísmos, el abogado del Estado solicitó la anulación de una cláusula del decreto de 2008 que autorizó la concesión administrativa al considerarla «abusiva y contraria al interés general».

Los seísmos registrados en el litoral norte de Castellón durante el verano de 2013 tienen una «relación directa» con la actividad en el almacén de gas de Castor, según concluye el informe del instituto geográfico. Según este documento, el origen de la actual serie sísmica detectada tiene relación directa con la inyección de gas del proyecto Castor. Esta actividad, además, ha acelerado un proceso sismotectónico de acumulación de esfuerzos que ya existía en la zona aunque no estaba caracterizada.

A finales de agosto de 2013, la inyección de gas en el almacén de gas de Castor, a pocos kilómetros de la costa frente a Vinaroz, coincidió con una serie de seísmos, uno de ellos de 3,5 magnitud Ritchter que motivó que a finales de ese mes, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo paralizara las actividades para comprobar si existía relación.