Los servicios autónomicos de empleo de las comunidades autónomas más pobres verán mermar su dotación para políticas de empleo. Un nuevo sistema de reparto prima la recolocación de parados en el mercado de trabajo sobre cualquier otro criterio. Una condición en principio bienintencionada, pero que beneficia a las comunidades con mayor riqueza donde previsiblemente se producirá mayor número de inserciones, según ha denunciado el Grupo Socialista.

La denuncia del Grupo Socialista se produjo este martes en el seno de la comisión de empleo del Congreso de los Diputados, donde compareció la secretaria de Empleo, Engracia Hidalgo, quien se mostró abierta a “mejorar” el nuevo sistema de reparto de los fondos para empleo que el ministerio destina a las comunidades autónomas. Un dinero que se destina para la realización de cursos y otras actuaciones cuyo objetivo es reinsertar a los desempleados en el mercado de trabajo.

La desproporción del peso de la inserción de parados denunciada por los socialistas se enmarca dentro de la reforma de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos que atienden a los desempleados, una exigencia de Bruselas que el Ejecutivo ‘popular’, una vez realizada la reforma laboral, tiene marcada como prioridad en su agenda de reformas, tal y como comunicó el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a los agentes sociales en una reunión en la Moncloa el pasado 18 de marzo.

Un 60% de los fondos por incentivos

Sin embargo, los primeros pasos de la reforma datan de tiempo atrás. En 2013 echó a andar el nuevo sistema de reparto de esos fondos destinados a ayudar en la reinserción laboral de los parados. Esta es una competencia de las comunidades autónomas, mientras que la otra pata de la política –la de los subsidios – queda en manos del Ejecutivo central, las llamadas políticas pasivas. Bruselas, y un nutrido grupo de expertos, desean ver ligadas ambas medidas, los subsidios con la orientación y formación de parados. Y el Gobierno se ha puesto a la tarea, en lo que denomina políticas de ‘activación’ para el empleo.

El problema llega cuando hay que decidir en función de qué criterios se reparten los fondos a las comunidades autónomas, competentes en políticas activas. El Ejecutivo diseñó un catálogo de 22 criterios y condicionó la llegada de las ayudas a su cumplimiento. Según denuncian los socialistas, el problema es que la política de incentivos centrada en la inserción castiga a las comunidades autónomas más pobres. “Demuestra un profundo desconocimiento de las políticas activas de empleo”, criticó la portavoz socialista en la comisión, Pilar Lucio, con el argumento de que las comunidades más ricas saldrán beneficiadas al recolocar más fácilmente a sus parados, no por su eficacia, sino por la mayor creación de empleo que se produce en estas regiones.

Empleo: «Habrá que mejorar»

En su réplica, la secretaria de Empleo, Engracia Hidalgo, negó que se estén quitando competenecias a las comunidades autónomás –otra de las críticas formuladas por los grupos– y reconoció que “habrá que mejorar” los criterios del reparto de fondos, al tiempo que justificó la necesidad de establecer un baremo puesto que, si no se prestaran unos servicios homogéneos, no se podría evaluar el papel de cada servicio autónomico de empleo.

En 2015, las comunidades autónomas recibirán un 60% de los fondos para políticas de empleo en función del grado de cumplimiento de estos objetivos. El presente año, la proporción variable ascendió al 50%, mientras que en 2013, el primer año de aplicación del nuevo sistema, se inición con un 40% variable.

Sin embargo, Hidalgo esgrimió como prueba del buen funcionamiento del sistema que, este año, la diferencia entre la comunidad que más dinero ha recibido y la que menos se ha estrechado a 4 puntos, frente a los 8 puntos del año pasado.

Exigencia de Bruselas

La reforma de las politicas activas de empleo es una exigencia de Bruselas, preocupada por la poca orientación a los parados que prestan los servicios públicos de empleo en España, y su escasa capacidad para intermediar entre oferta y demanda de trabajo. En este marco, el Ejecutivo desea ligar más estrechamente las políticas pasivas de empleo –subsidios– y las políticas activas –formación, orientación–, que prestan las comunidades.

Para ello ha instalado un foro ‘online’ donde las comunidades han registrado más de 400 intervenciones para mejorar el sistema, informó Hidalgo.

Otra de las patas de esta reforma de la intermediación es la colaboración con empresas privadas de colocación. Sin embargo, la entrada de estas 84 agencias se ha retrasado de nuevo, según explicó Hidalgo, por un recurso judicial contra el convenio que regula su intervención en el sistema de mediación.

Catorce servicios públicos de empleo han decidido dar entrada a estas agencias, informaron en fuentes de empleo. Por su parte, los servicios públicos de empleo estarán obligados a ofrecer un catálogo común de servicios mínimos a los desempleados, informaron. Además, otra medida en este campo de la intermediación es un portal único de empleo, que recogerá las oferta de empleo en toda España.