El déficit de tarifa del sistema eléctrico, que se produce porque los ingresos destinados a los peajes son insuficientes para cubrir los costes regulados, se situó en 2013 en 3.188 millones de euros, según la decimocuarta liquidación anual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

   Este desajuste es 412 millones de euros inferior a los 3.600 millones de tope fijados por la nueva Ley del Sector Eléctrico, en la que se había reconocido la posibilidad de déficit después de que el Gobierno suspendiese la transferencia de varias partidas de dinero que inicialmente se iban a destinar a la tarifa eléctrica.

   Sin embargo, la CNMC advierte de que, de forma «excepcional», la liquidación publicada este miércoles no será la última del ejercicio 2013, sino que habrá otra adicional que «modificará el déficit provisional acumulado del ejercicio».

   En la decimocuarta liquidación se aprecia que la energía declarada se situó un 2,1% por encima de lo previsto en la orden ministerial de peajes de enero. Sin embargo, los ingresos correspondientes a la misma disminuyeron un 0,7% debido a aspectos como la menor demanda de consumidores que pagan un precio medio mayor.

   Por otro lado, los ingresos procedentes de los impuestos eléctricos aprobados en 2012 y aplicados a partir de 2013 se incrementaron en 708 millones de euros en esta liquidación con respecto a la anterior.

   Además, el coste de las primas al régimen especial, en el que se incluyen renovables y cogeneración, ha ascendido a 9.200 millones de euros, un 1,9% menos de lo previsto, o 179 millones menos. El descenso responde a que muchas instalaciones fotovoltaicas han superado el límite de horas de producción.

Menos déficit

   La cifra de déficit de tarifa publicada este miércoles es 494 millones de euros inferior a la incluida en la anterior liquidación provisional, debido a aspecto como el incremento en 183 millones de los ingresos por peajes y en 708 millones de los ingresos por los impuestos eléctricos.

   En la liquidación también se han incluido costes adicionales de 122 millones por las actividades reguladas y de 221 millones por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al sistema eléctrico a financiar el bono social.