Ambas formaciones han asegurado que la iniciativa, que también  reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y «judicialmente exigible» de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también han esgrimido CiU y PNV para justificar su abstención.

La iniciativa, que sólo ha recabado el apoyo del BNG, contemplaba también la «prohibición de cláusulas abusivas» en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamo hipotecario.

La FEMP también lo ha pedido

Este mismo martes, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha anunciado que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.

La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha defendido que el coste de este cambio legal sería de 15.000 millones de euros, una cifra «muy inferior» a las ayudas públicas recibidas por la banca española en el marco de la crisis. «El problema no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar», ha afirmado, señalando que para este año se esperan 300.000 embargos.

La portavoz de Vivienda en el PSOE, Ana Fuentes Pacheco, ha rechazado un cambio normativo sobre esta cuestión más allá de medidas «puntuales» y «coyunturales» para contrarrestar el impacto de los embargos de parados y contrarrestar el «sobreendeudamiento», como las que el Gobierno «ya está aplicando».

El PP rechaza el «intervencionismo»

Por su parte, el diputado del PP Pablo Matos ha asegurado que ve pertinente actuar sobre los «desproporcionados y tremendamente injustos» procedimientos de ejecución hipotecaria, pero ha argumentado su rechazo a la iniciativa ya que la iniciativa vulnera las competencias autonómicas provocando «más gasto, más déficit y más intervencionismo».

El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macías, ha recordado que su formación ya propuso en diciembre el establecimiento de la dación en pago, pero ha rechazado dar apoyo a la iniciativa porque vulnera las competencias «exclusivas» de las competencias autonómicas. «Están ustedes invadiendo competencias», ha remarcado.

El mismo argumento ha sido esgrimido por el diputado del PNV José Ramón Beloki, quien ha calificado de «políticamente inoportuna» la propuesta, máxime tras la desaparición del Ministerio de Vivienda. «Pero si el resto de grupos le tiene ganas a este debate, mi grupo no se negará», ha asegurado el diputado vasco, anticipando su abstención.