“Unas veces los premios dignifican a las personas que los reciben, pero otras son las personas que lo reciben  las que dignifican los premios”. Esa afirmación de Miguel Rodríguez-Piñero, consejero permanente y presidente de la sección 2ª del Consejo de Estado, describe lo que ha sucedido en la XX edición del Premio Pelayo a Juristas de Reconocido Prestigio, cuya entrega convocó a la flor y nata de la judicatura y a un millar de asistentes, entre ellos muchos del mundo asegurador.

Manuel Olivencia, el premiado, no defraudó. Todo lo contrario. El vicepresidente del bufete Cuatrecasas, entre otros cargos, pronunció el que posiblemente sea el mejor discurso de esas XX ediciones del Premio Pelayo, aunque hay quien cree que no supera la intervención de Gregorio Peces Barba en 2010. En cualquier caso, fue un discurso de los que hacen época, de los que de enmarcar y leer una y otra vez.

“Si la ingratitud, como decía Don Quijote, es hija del pecado más grave, el de la soberbia, la gratitud debe ser hija de la virtud más noble, la de la humildad”. Así comenzaba su memorable discurso Olivencia, que resaltaba que el premio Pelayo “es el más importante galardón en el mundo del Derecho”.

El jurista “es un pensador del Derecho” que debe llevar éste a la realidad. “Sin juristas no se concibe un Estado de Derecho”; “el jurista tiene que descender del dogma constitucional a la arena de la realidad para examinar el ajuste entre norma y vida”.

Pero lo más notable del discurso de Olivencia, al menos lo que más comentarios suscitó en los pasillos, fueron las cuatro alarmas. La primera, que se interprete el Estado de Derecho como “Estado de derechos sin obligaciones, de libertades sin límites”.

La segunda alarma, que se interpretó como toda una andanada contra Podemos, de Olivencia se refiere a “la ola de populismo que pervierte la democracia en demagogia, el principal enemigo del Estado de Derecho”.

La tercera, dirigida contra los secesionistas, fue dura: “Escandaliza que los encargados de cumplir la ley, y hacerla cumplir, la infrinjan, se resistan a respetarla y cuestionen los valores protegidos por sus normas”. Entre ellos, la unidad de la nación. Y hacerlo “con desafío confeso al Estado de Derecho y propósito de derrotarlo”.

Pero, al mismo tiempo, Olivencia sorprendió al mostrarse partidario de una reforma de la Constitución, pero «conforme a sus propias reglas”.

Donde el premiado en la XX edición del Premio Pelayo fue especialmente contundente fue contra la corrupción, la cuarta alarma de su discurso. “Peligroso virus del Estado de Derecho” es, según Olivencia, “el uso de poderes públicos para fines privados, el enriquecimiento particular a expensas del erario, la desviación ilícita de sus fondos a fines extraños, y la instrumentación por los poderes públicos de artificios para burlar los sistemas obligatorios de intervención y control de las cuentas públicas para permitir su aplicación arbitraria”.

Se puede hablar más alto, pero no más claro. Entre tanto comentario de la judicatura sobre el discurso de Olivencia, prácticamente nadie se enteró de que José Boada, presidente del Grupo Pelayo, y ‘alma mater’ de los Premios junto a su jefa de gabinete, Cristina del Campo, había convocado la XXI Edición del Premio Pelayo a Juristas de Reconocido Prestigio.

Candidatos no van a faltar, pero el ganador del premio en 2015 lo va a tener muy difícil para superar el discurso de Manuel Olivencia.