El tratamiento del exceso de la capacidad de generación eléctrica en España es uno de los desfases del sistema que el Ministerio de Industria quiere corregir en las próximas semanas. Las medidas, que han sido reclamadas por empresas del sector- básicamente por Endesa e Iberdrola-, tienen que dar una salida a la retribución de las centrales de ciclo combinado, que están penalizadas por la política de prioridad de entrada de las diversas tecnologías en el mercado de producción.

Si bien el factor de utilización de estos activos en muy reducido -puede estar por debajo de media del 10% para un periodo largo de tiempo-, también es cierto que en etapas largas de anticiclón, como el que atraviesa la mayor parte de la Península en las última semanas, se dispara la utilización de la capacidad instalada. La razón es la drástica reducción de la producción de la energía eólica, pero aporta más base al discurso de las compañías -no hay una posición unánime en el sector- que argumentan que estas plantas son imprescindibles para garantizar el suministro.

En este contexto, el ministerio tiene que resolver cómo aliviar el peso en las cuentas de las empresas eléctricas por mantener operativas estas plantas, a través de tres soluciones de diferentes perfiles. Están, por un lado, las que serán hibernadas -se habla de unos 6.000 megavatios (existen 25.000 megavatios instalados)-, a las que tendrá que fijarse una retribución para el periodo de desconexión, en el que también aportan costes a las compañías propietarias.

Otra posibilidad es el cierre, como ha solicitado -sin éxito- Iberdrola  para la central de Arcos de 1.600 megavatios, que contó con el informe negativo de REE a la petición. En él se advertía de eventuales problemas de suministro en el área al no ser que se aprobarán inversiones adicionales para esta empresa de transporte, con el objetivo de poder evacuar la energía producida por otras centrales próximas. Sin embargo, medios del sector detectan un cambio de actitud de la compañía que preside José Folgado, que se percibe en el borrador del informe sobre la solicitud del cierre de la planta en Castellón. Endesa, por su parte, también ha pedido el cierre de las plantas de Huelva y Foix (Barcelona).

En parelelo hay otra cuestión. Como reclaman las eléctricas afectadas, el decreto tendrá asimismo que fijar remuneración de las que queden operativas, atendiendo a la misión de -back up- que ofrecen al conjunto del sector.

Otro aspecto en el que el sector e Industria hasta ahora han presentado cclaras divergencias es el tiempo de hibernación y el sistema de elección de las centrales que se puedan acoger a ese programa. Pero la atmósfera entre las compañías, la patronal Unesa y el departamento que dirige José Manuel Soria parece que ha cambiado, y una solución tácitamente consensuada no se descarta. Además Industria, según consta en el programa de planificación energética, cuenta con los ciclos combinados para las necesidades futuras del mercado eléctrico español.