En la clausura del acto de presentación del libro “La regulación financiera: ¿solución o problema?”, de la Fundación de Estudios Financieros, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, subraya que la regulación “aparece para corregir fallos de mercado que perjudican al bienestar colectivo”, aunque reconoce que “a cambio, introduce distorsiones en la asignación de recursos que pueden ser costosas”.

Lo que los autores del libro llegan a calificar de “orgía regulatoria” puede estar afectando “a la liquidez de determinados mercados de valores, a la asunción de riesgos por parte de sectores poco supervisados, a reducir la capacidad de concesión de crédito de los bancos o a moderar la competencia”, Y plantean que, “dados los riesgos que conlleva la sobreregulación, un enfoque alternativo pudiera consistir en economizar cambios normativos a cambio de aumentar la intensidad supervisora”.

Restoy explica que el núcleo de la actuación supervisora se ha venido “centrando, quizás en exceso, en la vigilancia de la solvencia de las entidades financieras a través del seguimiento de las ratios de capital definidas en la regulación vigente”. Con Basilea III, “el supervisor puede modular los requerimientos de solvencia ajustándolos a la situación de cada entidad, por lo que se amplía su margen de discrecionalidad y se refuerza su papel, reduciéndose, en consonancia, la importancia relativa de los requerimientos generales de solvencia que establece la regulación”.

La incorporación de las pruebas de resistencia como herramienta supervisora “amplía la capacidad del supervisor para imponer requisitos de capital u otras restricciones a las entidades, cuando ello resulta preciso para hacer frente a escenarios adversos, incluso si estos resultan poco probables”.

Pero “aunque el supervisor puede ajustar los requisitos de recursos propios, la exigencia de mayores niveles de capital no corrige adecuadamente la ausencia de provisiones suficientes”. Mientras el nivel de provisiones tiene siempre implicaciones directas y transparentes sobre los resultados de la entidad, un aumento de los requerimientos mínimos de capital “no tiene, en la mayor parte de los casos, efectos prácticos, en la medida en que la entidad disponga de margen de capital que le permita absorber las nuevas exigencias”. Por ello, “el supervisor debe tener interés en promover la aplicación de criterios rigurosos y homogéneos en materia de provisiones que supongan el adecuado reconocimiento en los balances del valor de cada exposición”.

Obstáculos a una supervisión rigurosa

Restoy avisa sobre la existencia de “relevantes obstáculos en la práctica para satisfacer la legítima expectativa de que una supervisión rigurosa y granular contribuya a moderar la intensidad de los cambios regulatorios precisos para promover la estabilidad financiera”. “Tanto los marcos normativos vigentes como las distintas culturas supervisoras, y las dificultades para el logro de una mayor involucración en las prácticas contables, establecen, a menudo, restricciones relevantes a la intensidad supervisora alcanzable”, argumenta el subgobernador del Banco de España.

Esta situación explica que “la actuación de las autoridades para prevenir crisis financieras descanse, en gran medida, en la definición de normas prudenciales claras y exigentes sobre las que pueda basarse el trabajo de los supervisores”.

En el ámbito del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), “estas restricciones son, en el momento actual, particularmente relevantes pues, ante la heterogeneidad de prácticas y culturas supervisoras, solo una adecuada codificación de reglas y procedimientos puede ayudar a garantizar el tratamiento equitativo de las entidades, incluso si esto implica la renuncia a parte de los beneficios, en términos de eficacia supervisora, que supone una adecuada dosis de discrecionalidad”.

“La aspiración debe ser que según madure el nuevo régimen supervisor europeo, seamos capaces de desarrollar un esquema propio de actuación, que recoja las mejores prácticas, y que resulte lo suficientemente robusto como para permitir una aplicación adecuadamente adaptada a cada circunstancia concreta”, concluye Restoy.

Regulación compleja

La obra, coordinada por el presidente del Banco Madrid, José Pérez, aplaude la arquitectura general de la reforma regulatoria y su pretensión de defender la estabilidad financiera mediante la contención de riesgos. Pero precisa que es muy compleja y de muy complicada aplicación para las entidades. “El exceso de normas resta efectividad a la regulación”, señala Pérez.

Los autores del trabajo coinciden en que se prima la regulación sobre la supervisión, en que existe una «multiplicación de objetivos», y advierten sobre la dispersión de recursos. «La complejidad normativa nos inquieta, no es el camino», resalta Juan Carlos Ureta, presidente de la Fundación de Estudios Financieros.

También alertan sobre el auge de la banca en la sombra, con sus implicaciones para la estabilidad financiera, y sobre el desplazamiento del ahorro desde los productos bancarios hacia los mercados financieros.