Duro informe de Moody’s, elaborado por sus analistas seniors José de León y Antonio Tena, sobre el real decreto ley de segunda oportunidad, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de febrero, y que entró en vigor el 1 de marzo. El análisis se centra en el impacto negativo que tendrá la norma sobre la calidad de los préstamos hipotecarios y los concedidos a pequeñas y medianas empresas (pymes), y sobre las titulizaciones vinculadas a éstas (RMBS, en el primer caso, Pyme ABS, en el segundo).

El argumento principal es que el real decreto ley facilita el perdón de deudas por la quiebra de un ciudadano particular, entre otras medidas para el alivio de las cargas de deudas de las personas. Los expertos de Moody’s recuerdan que la quiebra o concurso de acreedores era un mecanismo muy poco utilizado por las personas ya que el perdón de deudas no afectaba a la hipotecaria.

“Cualquier individuo ahora puede pedir la protección de quiebra, sin otro límite contemplado que la interpretación de buena fe”, subraya el informe de Moody’s. Si un deudor no puede pagar su hipoteca por la reestructuración de deuda, moratorias de pago, o extensiones del plazo de amortización, un juez puede determinar la liquidación de activo. “A diferencia de las empresas, el caso más probable para individuos es que el único activo poseído por el prestatario para pagar su deuda asegurada es la propiedad residencial que apoya la hipoteca”, subrayan los expertos de Moody’s.

“El efecto de este cambio legal dependerá de cómo los prestatarios opten por este mecanismo”, subraya el informe. “La ley da a los acreedores el derecho de pedir la revocación del perdón de deudas en los casos de fraude o de una mejora significativa del activo del prestatario. Sin embargo, los prestamistas tienen poca capacidad práctica de supervisar a antiguos prestatarios”, concluyen los expertos de Moody’s.