Industria intenta un consenso para salvar la minería del carbón nacional

30/03/2015

Tania Juanes. El nuevo decreto establecerá las medidas de ayudas, entre las está la que se fija pagos de compensación para las centrales que utilicen carbón autóctono.

Industria busca en estos últimos meses de legislatura alcanzar un acuerdo entre empresas mineras, sindicatos y eléctricas para que éstas sigan utilizando carbón nacional de sus centrales de generación y evitar así la quiebra del sector.

El consenso se negocia casi ‘in extremis’ después que el anterior esquema de ayudas hubiese concluido el pasado enero y en un contexto de nuevo salpicado por las escándalos por el fraude. El plan de salvación de la minería de carbón, que ahora se quiere sustituir y que fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrentó a las críticas de las grandes eléctricas que reiteraron que se les obligaba a quemar carbón nacional, pese a que su coste fuese más elevado que el de importacion.

En este contexto ha convocado para mañana -martes 31 de marzo- a empresas y sindicatos para buscar apoyos el nuevo sistema de incentivos que ya tiene elaborado el departamento. En el encuentro, que estará presidido por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, está previsto que los responsables de la política energética expongan el contenido de decreto que establecerá las medidas de ayudas, entre las que se fijarán pagos de compensación para las centrales que utilicen carbón autóctono.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, manifestó durante su intervención en la Comisión de Industria del Congreso que el citado marco para la minería del carbón permite seguir apoyando la actividad minera y, asimismo, mantener la protección social para los trabajadores que se vean afectados por el cierre de explotaciones mineras no competitivas.Otro objetivo del Gobierno es evitar las reticencias de Bruselas, como las que despertó el programa de Rodríguez Zapatero, y que las medidas que se apliquen a partir de ahora estén en línea con la Decisión 787 de la Unión Europea, lo que supondría que, partir del año 2018, sólo sobreviva una minería en España que pueda seguir operando sin ayudas.

Mientras, los sindicatos han criticado los «incumplimientos reiterados» por parte del Gobierno en el marco del carbón, así como los retrasos en el pago de las ayudas a las empresas mineras relativas al año 2014 y la no convocatoria de subvenciones para este ejercicio, 2015.

 

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