En un año electoral y pese a la fragmentación política fruto de los comicios autonómicos y locales, el Banco de España no levanta el pie del acelerador. En su informe anual, exige aumentar el peso de la imposición indirecta, ampliando las bases del IVA, aumentando los Impuestos Especiales, y cambiando la fiscalidad medioambiental. Al tiempo que reclama una racionalización de deducciones, bonificaciones y reducciones, que erosionan la capacidad recaudatoria de los impuestos.

El Banco de España se sitúa en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otras instituciones internacionales. Reclama actuaciones complementarias, es decir subir impuestos, si se producen riesgos de desviación en el cumplimiento de los “exigentes” objetivos de déficit.

Insiste en asegurar la eficacia de los planes de racionalización del gasto público ya puestos en marcha por el Gobierno, revisando en profundidad las partidas para priorizar las que tienen más impacto sobre el crecimiento. Pero no concreta cuáles.

El informe anual declara que «la recesión más severa de la reciente historia económica de España» ha quedado atrás. La economía española se encuentra en una posición «más saneada y competitiva», pero el Banco de España advierte sobre que «la profundidad de la crisis» ha dejado un «pesado legado» en términos de endeudamiento y desempleo, cuya completa reabsorción requerirá «tiempo y esfuerzos adicionales» para completar los ajustes emprendidos y fortalecer las bases de la recuperación.

Los retos que plantea un nivel de deuda pública tan elevado para el conjunto de la economía «no deben minimizarse», incluso en un proceso de reducción gradual del endeudamientpo en el medio plazo.

Las políticas económicas tienen «un papel primordial» para completar el reequilibrio de la actividad, profundizar en la solidez del crecimiento y reabsorber los efectos duraderos del legado de la crisis.

Las perspectivas de crecimiento futuro de la economía estarán condicionadas por la evolución demográfica, el elevado nivel de desempleo y su persistencia, y el impacto del proceso de desapalancamiento público y privado, entre otros factores.

El Banco de España pronostica una recuperación «relativamente lenta» de la inflación tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea Monetaria, hasta situarse cerca del 2%.

Flexibilidad de los salarios

Defiende «un mayor grado de flexibilidad» en la formación de los salarios para que los ajustes transcurran a través de los precios relativos y se reduzca su impacto sobre la economía y el empleo. Y recomienda evitar la vuelta a prácticas de indexación salarial «ya superadas».

Parece una velada alusión al acuerdo de negociación colectiva firmado por empresarios y sindicatos para 2015-2017, que establece una subida salarial del 1% para 2015 y del 1,5% en 2016 y garantiza que los salarios no subirán menos que el IPC. El pacto abre incluso la puerta a incrementos superiores en aquellos sectores o empresas en las que la evolución de la productividad lo permita.

El Banco de España afirma que aún existe un margen «elevado» para una mayor descentralización de la negociación colectiva. Constata que se ha producido un «aumento limitado» del uso del ‘descuelgue’ del convenio de empresa. Pero resalta que las empresas de mayor tamaño han podido ajustar las condiciones laborales «a los mínimos» pactados en los convenios.

«Se observa un porcentaje creciente de resultados de la negociación que fijan los salarios en los niveles mínimos de los convenios y una elevada concentración de las tarifas salariales en el entorno del 0%, en un contexto de inflación negativa durante la mayor parte del año», añade el informe anual.

Cerca del 30% de los asalariados del sector privado están con cambios salariales próximos al 0%, lo que reduce la dispersión de salarios y su vinculación con las condiciones específicas de la empresa.

El Banco de España argumenta que la dispersión salarial por sectores es todavía «muy reducida» por la estructura de la negociación colectiva, donde mandan los convenios sectoriales con eficacia general automática en todas las empresas, y por una «incidencia reducida» de los convenios de empresa, que sólo afectan al 10% de los trabajadores.

Advierte sobre que estos convenios sectoriales pueden actuar como «barreras de entrada» para nuevas empresas, pues éstas deben igualar, desde su creación, las condiciones laborales pactadas en los convenios de ámbito superior.

Esta estructura de la negociación colectiva limita la dispersión salarial entre empresas y sectores «con situaciones económicas diferentes». Durante la crisis, la mayor dispersión registrada en la evolución del empleo entre ramas de actividad «no se tradujo en mayores diferencias salariales».

Menor coste del despido

El Banco de España insiste en que el mercado laboral presenta aún desequilibrios, como el incremento de los contratos temporales frente a los indefinidos, y la desigualdad en las tasas de paro entre diferentes zonas de España. Esto evidencia la necesidad de reducir la brecha entre el coste del despido de los contratos indefinidos y de los temporales, para incentivar los primeros, y revela «ineficiencias» en el sistema de prestación por desempleo.

Las bonificaciones existentes para estimular la creación de puestos de trabajo están teniendo un coste «muy elevado» y un éxito «incierto». Por ello, además de una «evaluación y reordenación» del conjunto de bonificaciones existentes, que libere recursos para modernizar los servicios públicos de empleo para que puedan ofrecer itinerarios individualizados de inserción a los parados, el Banco de España pone el foco en el coste del despido.

«El recurso a la contratación indefinida sigue siendo débil, a pesar de los cambios introducidos para favorecerla», argumenta el Banco de España. Por tanto, hay que «reequilibrar» los incentivos a favor de la contratación indefinida, «reduciendo la magnitud de la brecha que separa las condiciones de terminación de las distintas modalidades de contratación y facilitando una mayor continuidad entre ellas».

El Banco de España exige mantener «el impulso reformista» para aumentar los «márgenes de flexibilidad» que permitan reducir aún más el desempleo y aumentar la productividad y la competitividad. Y mejorar el conjunto de las políticas activas de empleo para contar con trabajadores mejor formados y con mayor grado de empleabilidad. Para ello, es «fundamental» acelerar la implantación de los cambios introducidos en la reforma del sistema de formación, que reduce el papel de los agentes sociales en él.

Menos trabas a las empresas

El Banco de España cree que sigue existiendo margen para «racionalizar» las cargas administrativas que soportan las empresas, reclama profundizar en los trabajos de la Comisión para la Reforma de la Administración y hacer un uso más eficiente de las infraestructuras de transporte.

La existencia de márgenes empresariales en términos de precio-coste más abultados en sectores como el comercio, los servicios profesionales o el transporte respecto a otros países evidencia «un reducido grado de competencia».

«En el ámbito fiscal existen distintas ventajas en el Impuesto de Sociedades (menores tipos impositivos, por ejemplo), así como un control tributario más laxo para las pymes, o, en el ámbito local, se establece la obligatoriedad de disponer de un comité de empresa en aquellas con más de 49 trabajadores», señala el Banco de España, lo que muestra la necesidad de «adaptar la normativa existente para evitar que genere desincentivos al crecimiento empresarial».

El saldo vivo de crédito seguirá descendiendo

La proporción de individuos que mantienen sus deudas o las incrementan se elevó durante 2014 por primera vez desde el inicio de la crisis, resalta el informe anual del Banco de España.

Éste también pronostica que el saldo vivo de crédito seguirá disminuyendo “varios trimestres” hasta que el sector privado complete el proceso de desendeudamiento «necesario» para sostener el crecimiento económico a medio y largo plazo.

La intensidad de la recuperación de los flujos de crédito dependerá de factores como las perspectivas de rentas y de empleo, ante su incidencia tanto sobre la oferta como sobre la demanda de fondos. «En el segmento de crédito a hogares la recuperación de los flujos estará especialmente vinculada al aumento del empleo juvenil», avisa el Banco de España.

En el medio plazo, espera que los factores demográficos tiendan a reducir la demanda de financiación de los hogares, acompañada de la caída de la población más joven, con lo que mermará sobre todo la solicitud de potenciales préstamos para la adquisición de vivienda.

El ajuste del ladrillo tiene incertidumbre

El Banco de España cree que el «severo ajuste» del sector residencial español «parece haber culminado», pero avisa de que sus perspectivas de recuperación «no están exentas de incertidumbre». La corrección de los precios ha sido de «gran magnitud»: 36% nominal (44% en términos reales) desde los máximos de 2008

«Es difícil determinar en qué medida el cambio de tendencia observado se irá reflejando en una recuperación sostenida de la actividad, dado el elevado volumen de viviendas sin vender y su particular distribución geográfica», advierte el Banco de España, que cree que «existen dudas sobre la incidencia de los desarrollos demográficos sobre la demanda potencial de vivienda».