Externalizar la gestión de todas las empresas de transporte público de viajeros, entre ellas Metro, EMT y RENFE Cercanías, figura entre las 215 medidas que ayer presentó CEIM dentro del Plan 400.000 empleos (hasta 2018) para potenciar ‘la actividad y la competitividad de la economía’, según señaló en la presentación su presidente Juan Pablo Lázaro. Para la patronal madrileña, privatizar la gestión de estas empresas públicas permite liberar recursos a las administraciones para dedicarlos a la consolidación fiscal ya que los costes de operación privados del transporte son inferiores, entre un 15% y un 20%.

Piden una rebaja generalizada de impuestos sin detallar su coste recaudatorio. Por ejemplo, demandan bajar el IVA que grava el turismo del 10% actual al 7%; pasar del 21% al 7% el tipo de tributación de las actividades del ocio nocturno en restaurantes y espectáculos; y reducir el IVA de las actividades culturales y deportivas del 21% al 10%. Además, quieren suprimir definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio, que Madrid no aplica, así como el de Sucesiones y Donaciones estatal, que Madrid tiene prácticamente exento. Mientras, reivindican ‘un especial tratamiento fiscal’ para las pymes en el Impuesto de Sociedades y a los autónomos en el IRPF. También demandan reducir los valores catastrales, los tipos del IBI y los que gravan las plusvalías e, incluso, los impuestos de los bingos.

En el ámbito laboral, sin cuantificar tampoco su impacto para las arcas de la Seguridad Social, las medidas son más ambiciosas. Piden un replanteamiento de las bonificaciones a la contratación y a la vez una tarifa plana (cuotas sociales subvencionadas) para las pymes. Exigen flexibilizar los requisitos sobre las titulaciones en los contratos de prácticas y facilitar la sustitución de empleados de mayor edad por un desempleado sin penalizar su salida. También demandan mayor amplitud en «las modificaciones discrecionales» de las empresas para cambiar la jornada y la movilidad funcional, así como que prevalezca el criterio del empresario en los procedimientos de modificación, traslado, suspensión o despido por causas objetivas. En caso de impugnación, el juez sólo deberá constatar la causa. Suman también que el despido disciplinario se indemnice con 20 días.

En cuanto a las cotizaciones, piden que las empresas paguen un punto menos de Seguridad Social si en un año suben un 1% la plantilla y que el sistema público, y no las empresas, corran a cargo del cuarto al decimoquinto día de baja laboral. Además, reivindican limitar a seis meses la duración de la incapacidad temporal;que las mutuas den de alta al trabajador; y que se reduzca el recargo que se aplica a los empresarios por impago de cuotas ‘al interés legal del dinero’ (3,5%).

En materia laboral, CEIM quiere cambiar la regulación de la representación de los trabajadores en las empresas reduciendo su número, así como regular la presencia de los piquetes informativos en las huelgas y que, si no se cumplen los servicios mínimos, se pueda sustituir unos trabajadores por otros. A todo esto, añaden que se revise las peticiones de reducción de jornada y excedencias en los casos de maternidad o paternidad para que las pague la Seguridad Social.

Para potenciar el comercio y el turismo, demandan ampliar el horario de las terrazas, acabar con las limitaciones de aforo en los locales y perseguir las ventas en ferias o las promociones de los bancos.