Intercambiando unos párrafos con el profesor Montoro –decía el poeta Brodsky que el lenguaje es anterior al Estado– acerca de las intervenciones de Hacienda, pronunció una frase que se me quedó grabada: “Parece que en España el que no tiene problemas con Hacienda no es nadie”. El madroño del patio del Congreso es testigo de su siguiente afirmación: “La inspección (fiscal) está en un plan tremendo”. Fue como si el ministro intentase desmentir su influencia sobre la Agencia Tributaria, como si estuviera al margen de las directrices anuales a la inspección fiscal o como si los nombramientos de los altos cargos de la Agencia los realizase el Espíritu Santo, y ya sabemos lo que pasó con el Espíritu Santo, que dio luar a trescientos años de guerra de religión.

Pero a la vista de las últimas noticias sobre el ajuste de cuentas de Hacienda a los compañeros de Gabinete de Montoro, José Manuel García Margallo y el anterior titular de Agricultura y actual comisario europeo, Miguel Arias Cañete, porque se acogieron al tipo más ventajoso del IRPF cuando eran eurodiputados y pagaron el 20% en lugar de al 35% que les correspondía en España, sería tan humano como legítimo creer en el Espíritu Santo. ¿Alguien puede imaginar a Montoro arremetiendo contra sus compañeros de Gobierno? ¿Alguien le puede atribuir tan mala intención como para cargar por la vía fiscal contra el mismísimo cuñado de Mariano Rajoy, el eurodiputado Francisco José Millán Mon, gran amigo de Margallo y del nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes, Iñigo Méndez de Vigo? ¿Verdad que no?

Ellos y la mayoría de los eurodiputados españoles se habrían ahorrado un buen dinero con la tributación más ventajosa fuera de nuestro país, si bien, por no cambiar el domicilio fiscal en tiempo y forma tendrían que pagar ahora la diferencia de la que se beneficiaron en los últimos cinco años. Los demás se consideran prescritos. Esto afectaría a muchos otros eurodiputados de otras formaciones políticas que obtuvieron rentas en el extranjero. La norma es o debe ser igual para todos, sin que se pueda acusar en este punto a Montoro de la discriminación a unos o a otros en función del cargo, el estatus o el apellido. Después de la pérdida de credibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy con la amnistía fiscal tal vez se necesiten estos espantajos para recuperar la credibilidad del lema “Hacienda somos todos”.

Sobre la dureza de la inspección tributaria, ahí está el caso de Rodrigo Rato, empapelado con un infome basado en “sospechas”, que no en “indicios” de fraude y blanqueo de capitales. Rato se acogió a la amnistía de Montoro por una cantidad ridícula con la que podía haberse comprado un coche y punto. Luego resultó que su ingeniería luxemburguesa era más sofisticada. Siempre se dijo que Rato era más listo que Montoro. De hecho pasaba por ser el más avispado de la familia de los Rato de toda la vida y los Figaredo de siempre. Pero la inspección no se anduvo por las ramas y fue directamente al tronco: el registro y la requisa judicial de más de 40.000 documentos que están siendo examinados.

Lo extraño en todo este asunto es que el portavoz socialista en la materia, Pedro Saura, haya solicitado la dimisión inmediata de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, sumando su voz a determinados medios que solicitan también la destitución del director de la Agencia. Como no creen en el Espíritu Santo, sino en la intención de Montoro de salvar de las horcas caudinas a su amigo Rodrigo, han visto el ardid del “defecto de forma” (meras sospechas) en el que Valdecasas fundó y firmó la orden de investigar al exvicepresidente, exdirector del FMI y expresidente de Bankia, lo que vicia de raíz el origen de la investigación y permite solicitar y obtener la anulación del procedimiento judicial.