El ministro de Justicia, Rafael Català, ha designado a Juan Antonio Sagardoy para presidir la comisión que modificará las normas sobre despidos individuales y colectivos contenidas en la reforma laboral, y más concretamente, en el marco de los cambios previstos en la ley reguladora de la Jurisdicción Social, según afirman en fuentes de Comisiones Obreras (CCOO).

Según ha podido saber CCOO, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha puesto en marcha una comisión que presidirá el abogado, Juan Antonio Sagardoy, para reformar la regulación de los despidos individuales y colectivos recogida en la reforma laboral. Según CCOO, estos cambios exigirán modificar la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Disgusto en CCOO

CCOO ha expresado su disgusto por el nuevo nombramiento. En opinión del ‘número dos’ del sindicato, Ramón Górriz, la designación del veterano abogado supone “un golpe de mano institucional” para reformar la reforma [laboral] y someter el derecho laboral y la jurisdicción social a los intereses de ‘lobbies’ y despachos privados”, que son “hostiles” a los derechos de los trabajadores, ha sentenciado el secretario de acción sindical.

Aun más. Para CCOO, la decisión del ministro de Justicia implica la “privatización” del método de elaboración de los cambios normativos en materia de despidos, tanto individuales como colectivos, según ha afirmado Górriz, que acusa al Gobierno de Rajoy de despreciar el debate público y la concertación social, y de poner “al servicio de intereses privados y empresariales” la legislación de procesos tan sensibles como son los despidos.

Actuación de Coca-Cola

“Lo ocurrido en conflictos y actuaciones judiciales como los de Coca Cola y otros demuestran lo que decimos”, ha continuado el líder sindical, en referencia al expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Iberian Partners, el embotellador único de Coca-Cola para España, cuya tramitación -anulada finalmente por la Audiencia Nacional- fue iniciada por el despacho de abogados que fundara Juan Antonio Sagardoy.

Finalmente Górriz ha advertido al Gobierno de que, de confirmarse esta información, el Ejecutivo de Rajoy habrá dado “un paso irreversible hacia la quiebra del diálogo social” en un asunto de especial trascendencia para el movimiento sindical como es la jurisdicción social, y de manera singular, la regulación de los despidos.