Ya sé que lo que está de moda es hablar de la complicada situación política en la que estamos embarcados en España. Especular con los pactos posibles, probables, necesarios, difíciles y hasta esperpénticos que pueden producirse a lo largo de los próximos días, semanas o meses. Especular sobre las elecciones pasadas y la posibilidad de que se repitan, estableciendo beneficiarios hipotéticos y perjudicados posibles, en el caso de que esa opción sea la definitiva. Hablar de la vieja y la nueva política y especular sobre los límites de la una y de la otra.

Pero ya hay bastantes expertos especulando sobre estos importantes temas. Va siendo hora de hablar de otras cosas menos lucidas, pero muy necesarias, en el pasado, en el presente y, sobre todo, para quien tenga que hacerse cargo del gobierno más pronto o más tarde.

En toda la Unión europea existe un consenso muy extendido sobre la importancia de la Formación Profesional Continua, reclamando que sea atractiva, integradora, accesible y flexible. Sin embargo, frente a ello, se produce un reconocimiento de que esta formación no termina de convertirse en una opción atractiva para empresas y trabajadores.

El objetivo europeo marca que el 15% de los trabajadores y trabajadoras, deberían participar en actividades formativas en el año 2020, en términos de media mensual. Un objetivo del que nos encontramos muy lejos, si tomamos en cuenta que en 2012 esa media habría caído hasta el 9%.

En términos anuales, la Encuesta de Formación Profesional Continua muestra que en 2010, en el conjunto de la Unión Europea, el 38% de los trabajadores y trabajadoras habrían realizado algún curso de formación continua y un 20% actividades de formación orientada en el puesto de trabajo. Estos datos no ocultan el hecho de que la mayor parte del aprendizaje es no formal.

Los datos estadísticos son un buen punto de partida para reconocer que la realidad es aún más compleja. El tamaño de las empresas en cada país es determinante. El 25% de quienes trabajan en empresas pequeñas de menos de 25 trabajadores y trabajadoras, realizan cursos de formación, mientras que este porcentaje crece hasta el 46% en le caso de empresas con más de 250 empleados.

Pero además, el nivel formativo también es un factor relevante, hasta el punto de que el 61,3% de quienes cuentan con estudios terciarios participan en la formación, mientras que tan sólo el 21,8% de quienes cuentan con estudios como máximo de primer ciclo de secundaria, participan en actividades formativas.

La formación profesional continua no llega, por lo tanto, a todas y todos y llega más a quienes cuentan con más altos niveles formativos. Pero no queda ahí la cosa. Mientras que el 40,8% de los empleados participa en actividades de educación no formal, sólo el 16,1% de las personas desempleadas lo hacen y el 5,7% de las personas inactivas, lo cual agudiza los problemas y desigualdades en el acceso. Lejos de integrar más, el aprendizaje profesional de las personas adultas parece haberse convertido en un factor más de desigualdad.

Europa reconoce que la falta de tiempo, las responsabilidades familiares, los horarios laborales, la distancia y la falta de recursos económicos, se convierten en dificultades específicas para participar en la formación. A los cual hay que añadir que un 77% de las empresas no perciben la formación como una necesidad inversora con proyección de futuro.

En el caso de España, estos problemas se agudizan por el abrumador número de pequeñas empresas y microempresas y la baja cualificación de muchos puestos de trabajo, que se cubren con contratos temporales y precarios. Otro problema es la idoneidad de las actividades formativas, lo cual constituye una queja tanto de los trabajadores y trabajadoras, como del empresariado, a causa de no encontrar los cursos o actividades formativas que necesitan.

Y sin embargo, la formación se reconoce como necesaria, hasta el punto de que un 83% de los trabajadores reconoce que las habilidades que necesitaban en el momento de acceder aun puesto de trabajo se han visto desbordadas y un 85% plantean que su empleo se ha convertido, con el tiempo, en más diversificado y difícil.

Cuando en España hemos abordado la reforma de la formación profesional para el empleo, la mayor preocupación del gobierno parecía ser la libre concurrencia y la competencia entre proveedores de formación, en el caso de formación de oferta programada desde el Estado y las Comunidades Autónomas, sin darse cuenta de que los problemas son otros y las soluciones sólo pueden venir de un abanico de actuaciones bien articuladas.

En primer lugar, para cumplir con los retos europeos, en extensión y calidad de la formación, deberíamos conectar bien el sistema educativo (dependiente del Ministerio de Educación) y el sistema de formación para el empleo (dependiente del Ministerio de Empleo), para que la formación cuente con un reconocimiento educativo y también laboral, de forma que permita un progreso profesional y la integración de la formación continua en la carrera profesional.

En segundo lugar hay que conectar bien los sistemas públicos de formación y empleo con las empresas. Con servicios de orientación y formación que se correspondan con los marcos de las cualificaciones. En este sentido, es necesario establecer mecanismos para validar y reconocer la cualificación de la experiencia laboral en el puesto de trabajo.

Hay que abrir las cualificaciones, sin discriminar por sexo, o edad, buscando el fácil acceso para las personas en horarios, formatos diversificados de formación, establecimiento de módulos, que permitan a las personas la elección y diseño de la formación que necesitan.

Las empresas deben también flexibilizar su organización del trabajo, fomentando los equipos de trabajo, la autonomía y facilitar así el acceso al aprendizaje. La ampliación de la oferta formativa dual (con periodos de formación y prácticas), a las personas desempleadas, podría contribuir, además, a nuevas contrataciones.

En cualquier caso, es imposible abordar estos retos de futuro de la formación profesional continua, ni en Europa, ni en España, sin promover la participación de los actores y protagonistas: los trabajadores y trabajadoras, los empresarios y las administraciones.

Los interlocutores sociales.

También en esto, es necesario romper la dinámica de la imposición y los recortes, por la vía de la negociación y el acuerdo (en las instituciones y en las propias empresas y sectores) para promover la formación, organizar el trabajo, facilitar el acceso, removiendo las dificultades derivadas de la conciliación de la vida laboral y personal.

La formación continua es importante, es la clave del futuro, pero hay que hacerla útil para las personas y las empresas. Y eso supone convertir la formación en algo atractivo, accesible, que trabaje a favor de la igualdad y que sea flexible para adaptarse a cada necesidad personal o colectiva.

Es lo que reclama Europa y es lo que nuestro país necesita. Es uno de los retos que tendrán que asumir, con poca publicidad, con mucho trabajo y esperemos que con acierto, quienes gobiernen el país. Porque, si en algo nos jugamos nuestros futuro es en la formación de las personas como ciudadanos y ciudadanas, como trabajadores y trabajadoras. Esos que algunos han dado en llamar “capital humano” y que yo prefiero llamar personas, es lo único que nos queda, lo único que merece la pena

Francisco Javier López Martín es Secretario de Formación de CCOO