Además del pacto fiscal, el gobierno catalán de Artur Mas reclama ahora modificar la Ley de Puertos, al considerarla “obsoleta” y que le “quita autonomí­a”. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluis Recoder, denuncia que no puede ser que los dos puertos catalanes de interés general aporten el 43% de los recursos totales del sistema portuario español, integrado por 44 instalaciones. Con este tipo de declaraciones, la Generalitat reconoce que su objetivo no es otro es calentar el ambiente polí­tico para crear un estado de opinión en la sociedad catalana similar al de los aeropuertos, infraestructuras en las que Cataluña ya ha logrado el compromiso del Gobierno central para que El Prat, y también Barajas, se adjudiquen a la gestión privada en competencia mutua y con una mayor participación de las instituciones autonómicas y locales.

Aunque la Generalitat de Cataluña es quien tiene la potestad de nombrar al presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), la titularidad de las instalaciones catalanas sigue en manos del Estado, tal y como acordaron en la reforma de la Ley de Puertos pactada por los presidentes Jordi Pujol y José Marí­a Aznar durante el primer Gobierno del PP (1996-2000), que contó con el apoyo de CiU. Artur Mas acaricia la posibilidad de que el PP no obtenga la mayorí­a absoluta en las elecciones generales del año que viene para aplicar la misma estrategia negociadora de los pactos del Majestic: apoyo de CiU a cambio de concesiones.

El melón de una mayor autonomí­a, abierto por la Generalitat y apuntalado por el actual presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, que fue senador por CiU, se produce al mismo tiempo que España emprende la defensa de la creación de un espacio marí­timo europeo sin barreras. El ex presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Fernando González Laxe, ahora en su calidad de presidente de Puertos del Estado, defiende la creación de un espacio de transporte marí­timo sin barreras (cinturón azul) en el próximo decenio. Un espacio europeo común del que asegura que se verán beneficiados cerca de 500 millones de ciudadanos (7% de la población mundial) y cuyos intercambios comerciales con el resto del mundo suponen el 20% de las importaciones y exportaciones mundiales. Lo extraño, subraya González Laxe, es que en Europa todaví­a no exista un mercado interior de transporte marí­timo sin barreras, un extremo que, en su opinión, nos coloca en desventaja con respecto a otros modos de transporte, e impide su plena integración en las cadenas logí­sticas.

Frente a la nueva reclamación de mayor autonomí­a portuaria en Cataluña, el presidente de Puertos del Estado menciona los logros de la nueva Ley de Puertos, que introduce conceptos en su opinión muy en lí­nea con los postulados del Libro Blanco de la Comisión Europea. Según González Laxe, la Ley de Puertos fruto del pacto PP-CiU garantiza la competencia en el libre acceso a la prestación de servicios, un uso eficiente de las infraestructuras de las instalaciones, sostenibilidad ambiental, impulso de las autopistas del mar, entre otras. Unas estrategias, dice, que “permitirán que nuestros puertos contribuyan al crecimiento sostenible del comercio y de la economí­a española y europea”.

El Puerto de Barcelona se mantiene en la primera posición del ranking portuario español, según aseguran sus gestores. Al menos en cuanto al valor de la mercancí­a que pasa por sus muelles, con 50.244 millones de euros. Una actividad que genera 32.000 puestos de trabajo gestionados por medio millar de empresas. Es en estas cifras en las que se basa el conseller Recoder para recodar que el gobierno catalán está en desacuerdo con la actual Ley de Puertos, porque “les quita autonomí­a”, según denunció en la reciente presentación de resultados del Puerto de Barcelona, donde volvió a asegurar, como ya hizo en dí­as atrás al presentar las cuentas de Tarragona, que no puede ser que los dos puertos catalanes de interés general aporten “el 43% de los recursos totales del sistema portuario español”.

En defensa de una mayor autonomí­a en los puertos, Recoder aseguró que mantener ideas “antiguas y obsoletas provoca pérdida de competitividad”. En la misma lí­nea, el presidente de la APB, Siste Cambra, opina que “habrí­a que crear un estado de opinión en la sociedad catalana favorable a una mayor autonomí­a de los puertos de Barcelona y Tarragona”, al igual que ya se hizo hace unos años con el debate abierto sobre el Aeropuerto de El Prat y la reivindicación de convertirlo en una instalación con más vuelos intercontinentales y autonomí­a de gestión en competencia con el resto de aeropuertos españoles.

La reivindicación de más autonomí­a portuaria coincide con unos buenos resultados de explotación, a pesar de la crisis, ya que el año pasado fue el primer ejercicio en la historia del Puerto de Barcelona en que las exportaciones en contenedores superaron a las importaciones. Hasta ahora, se habí­a considerado a Barcelona un puerto principalmente importador, pero ese punto de inflexión de 2010 demuestra el aumento de la internacionalización de la economí­a catalana, a juicio de los responsables de la instalación barcelonesa.

El tráfico total del Puerto de Barcelona alcanzó el año pasado 44 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al año anterior. Los contenedores aumentaron un 8%. En tráfico de cruceros, la instalación barcelonesa tampoco cesa de crecer. En la última década, ha experimentado un incremento del 247% con aumentos interanuales del 15%, hasta el punto de que este año se esperan 2,5 millones de pasajeros en 900 atraques de cruceros, lo que supone acaparar la mitad de los 1.120 millones de euros en que se calcula el impacto económico para España de este tipo de turismo. Y es que Barcelona se ha convertido en el puerto base y lí­der del Mediterráneo para este tipo de singladuras, ocupando la cuarta posición del ranking internacional, sólo superado por los tres puertos del Estado de Florida.