El primer pleno ordinario desde las elecciones del 26 de junio ha venido a demostrar que se puede gobernar desde el Congreso de los Diputados y, como dicen los críticos a Pedro Sánchez, practicar el famoso equilibrio entre el dentista y el paciente. Les cuento. El Congreso infligió tres derrotas al partido gubernamental, el PP de Mariano Rajoy en funciones.

La primera fue la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los manejos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para perseguir a los adversarios políticos y proteger a los correligionarios; la segunda consistió en el rechazo a los renovados planes de empleo con la creación de un organismo nuevo, otro más, para perseverar en los dispendios y errores ya conocidos. Y la tercera derrota llegó con la iniciativa de los socialistas de obligar al Gobierno a decretar la subida de las pensiones y los sueldos a los empleados públicos si, como está cantado por el calendario, el Ejecutivo se ve en la obligación de prorrogar el Presupuesto de 2016.

Las derrotas del partido gubernamental pudieron ser cuatro si no se hubieran sumado a la proposición no de ley de Ciudadanos de revisar la amnistía fiscal de 2012 para aplicar el impuesto del 10% al patrimonio aflorado, tal como fijaba el decreto de regularización, y no el tipo inferior al 3% al que lo redujo el ministro Cristobal Montoro, amparándose en dos informes jurídicos posteriores para evitar el fracaso de la amnistía. El asunto es urgente e importante porque como bien explicó el diputado de C’s, Francisco de la Torre, inspector de Hacienda al fin y al cabo, la diferencia prescribe el próximo 30 de noviembre (a los cuatro años) y si el Gobierno no actúa con rapidez se perderán 2.800 millones de euros para el erario público.

Al PP no le quedó más remedio que sumarse al punto primero de la propuesta de C’s (que quienes se acogieron a la amnistía paguen el 10%) porque, según dijo su portavoz Matilde Asián, son gente de palabra y todavía se acuerdan de que esa medida figuraba en el pacto con los riveristas, aunque, eso sí, se abstuvieron en los dos preceptos siguientes de la proposición no de ley: la anulación de las órdenes para rebajar el porcentaje fijado en el decreto y la orden urgente a la Agencia Tributaria de que “inspeccione” a los regularizados. Estos puntos salieron adelante con los votos de los demás grupos y han de ser cumplidos por el Gobierno.

En la sesión, además del punto que se anotó C’s, el PSOE sumó dos, al cosechar el respaldo de todos los grupos y dejar solo al PP en la demanda de actualización de las pensiones y las retribuciones de los empleados públicos, defendida por la joven diputada del equipo de Sánchez, Isabel Rodríguez, y en la propuesta de que se investiguen los manejos policiales del ministro Fernández Díaz, cuyo despacho era, al parecer, un avispero de espías. Lo de este hombre es mala suerte; hasta el ángel de la guarda que le encuentra aparcamiento le ha abandonado últimamente, pues ni el Vaticano quiere que estacione allí de embajador, como era su deseo.

Los de Unidos Podemos no pudieron, en cambio, anotarse tanto alguno ya que su proposición contra “las puertas giratorias”, enfáticamente defendida por Pablo Iglesias, pareció más panfletaria que jurídica. Y puesto que Iglesias se negó a admitir las enmiendas de los socialistas y de C’s para llevar el asunto de las incompatibilidades de los políticos al dejar sus cargos a la Comisión Anticorrupción recién creada en el Parlamento (algunos le llaman de higiene democrática y otros “de probidad improbable”), pues he ahí el resultado: 78 votos a favor, 136 en contra y 130 abstenciones.

Este primer pleno de la duodécima legislatura demostró, en fin, que la tesis de Heráclito de Éfeso sigue siendo válida y que la política fluye a pesar de quienes, por interesados motivos personales, se aferran a los postulados de Parménides de Elea para mantener el estancamiento y seguir chapoteando en la charca como si ignoraran que el tiempo es líquido, los líquidos se secan y el tiempo se acaba.