La mañana del miércoles todo eran buenas noticias en el Congreso. Los socialistas estaban felices con la enésima derrota del PP, en este caso para obligar al Gobierno a derogar la reforma laboral y reponer los derechos sociales en el nuevo Estatuto de los Trabajadores. La proposición no de ley, aprobada con los votos favorables del PSOE, UP, PNV y algunos del grupo mixto (168) frente a 131 del PP en contra y 42 abstenciones de C’s y el PDECat, obliga al Gobierno a abrir el diálogo social con la patronal y los sindicatos, pero también con las Comunidades Autónomas y las fuerzas políticas para restablecer los derechos sociales arramblados por la crisis financiera y económica. Además establece el fin de la discriminación de los trabajadores temporales frente a los fijos. Y condiciona el Presupuesto de 2017, que el Gobierno presentará ya en enero, al fijar unos recursos para las políticas activas de empleo que no podrán ser inferiores a los de 2011.

El Gobierno del PP también se mostraba contento. A la satisfacción del presidente Rajoy por haber sido elegido “mejor orador” en 2016 por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), se añadía el contento de Cristóbal Montoro porque los datos de recaudación fiscal se aproximan a los registrados en 2007, antes de la crisis. Entonces alcanzaron la cifra de 200.000 millones de euros y ahora vamos a cerrar el año con unos ingresos de alrededor de 188.000 millones. El aumento de la recaudación no tiene mayor misterio, pues equivale al 3,3% de crecimiento económico respecto a 2015. Pero la satisfacción es descriptible porque según asegura Montoro, permite al Ejecutivo pasar de las recetas de los señores y señoras del FMI, que recomiendan subir el IVA. Con la supresión de descuentos y desgravaciones en sociedades y el incremento de los impuestos especiales cree Montoro (y su nuevo equipo) que será suficiente para mantener el gasto.

Rajoy desea, además, que la conferencia de presidentes que ha convocado en el Senado el 17 de enero inaugure la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, del que avanzó que debe estar inspirado por los de solidaridad e igualdad. «Estoy absolutamente seguro de que llegaremos a un entendimiento entre todos», dijo en el Pleno del Congreso, en el que habló de un “reparto equitativo”. Ya veremos. La otra autonomía, la municipal, también depende del Ejecutivo que, según contestó Rajoy al portavoz del PNV, Aitor Esteban, es quien debe autorizar los referendos o consultas municipales.

Luego ya, para no romper el clima de satisfacción, tan edificante, el presidente recomendó a los socialistas que no “sobreactúen”, que la “ley mordaza”, cuya derogación ordenó el Parlamento hace dos semanas, no es tan mala como parece. Los datos que aportó el socialista Antonio Hernando no le conmovieron. En seis meses, más de 6.000 procedimientos por faltas de respeto a agentes de Policía, denuncias por llevar mochilas o camisetas con las siglas ACAB , 800 euros de multa por hacer una foto a un coche patrulla, sanciones a un periodista por colgar en Internet un vídeo de una detención, a otra informadora por hacer una pregunta a la salida de la Audiencia Nacional saltándose un cordón policial, identificaciones permanentes a periodistas que cubren actuaciones policiales.