El Ministerio de Economía y Hacienda afirma que el Estado español «no debe nada a José María Ruiz-Mateos ni a su familia», después de el Tribunal Supremo haya dictado más de 200 sentencias firmes contrarias a los intereses del empresario andaluz, informó en un comunicado.

El departamento de Elena Salgado se considera «obligado» a realizar esta aclaración después de que el fundador de Nueva Rumasa haya ofrecido a los titulares de los pagarés emitidos por el grupo la cesión de sus «derechos de cobro» en los pleitos contra el Estado por la expropiación del antiguo ‘holding de la abeja’, como una garantía adicional de pago de las aportaciones que les adeuda.

El último fallo del Supremo, según explica el Gobierno, se produjo el 22 de noviembre de 2004, cuando se fijó un valor de «cero pesetas» como justiprecio del grupo empresarial Rumasa.

«Consecuentemente, hasta la fecha no ha existido ni existe ninguna obligación del Estado como consecuencia de sentencia firme o en resolución de ejecución de la misma para abonar cantidad alguna a los accionistas mayoritarios (familia Ruiz-Mateos) de Rumasa», remarca.

El Ministerio de Economía y Hacienda indica que, si bien la familia Ruiz-Mateos ha iniciado procedimientos reclamando la retasación de las empresas, el único fallo judicial hasta la fecha, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en febrero de 2010, «es contrario a sus pretensiones y no reconoce a su favor derecho de pago alguno».

En esta línea, subraya que el resto de los procedimientos de retasación iniciados tienen un «planteamiento idéntico al que ha sido desestimado».

Sin previsión de tasación judicial o extrajudicial

«No existe ni hay previsión de que exista ninguna transacción judicial o extrajudicial entre el Estado español y el señor Ruiz-Mateos», recalca el Ejecutivo, que considera que «estos datos hablan por sí mismos» y advierte de que «deben ser tenidos en cuenta y valorados» por los titulares de pagarés y de participaciones de las empresas que conforman Nueva Rumasa.

Además, el Ministerio de Economía insiste en que la emisión de su comunicado se debe a que «el Estado español es mencionado en la propuesta como supuesto y eventual titular de unas obligaciones de pago que niega y combate y que, hasta ahora han sido totalmente rechazadas por los tribunales de Justicia».