Quedan sólo diez días para que los agentes sociales den con la fórmula para evitar que el Gobierno apruebe el decreto ley de reforma de la negociación colectiva. Este miércoles, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, se volverán a reunir para intentar evitar la ruptura definitiva de las negociaciones y dejar el camino libre al Gobierno para que en el consejo de ministros del 10 de junio apruebe su propia reforma. Mucho tendrán que esforzarse para evitarlo, tras las últimas exigencias que ha puesto la patronal sobre la mesa, después de haber estado a «quince minutos» para cerrar el acuerdo, según ha asegurado Toxo.

El problema es que cada vez queda menos tiempo, y el encuentro de hoy tendrá que centrarse en los desacuerdos, por lo que a estas alturas no es descartable incluso que sea la última reunión y que dejen en manos del Gobierno la decisión final de cómo deberá reformarse la negociación colectiva en España, un cambio que exigen a nuestro país desde las más altas instancias de la UE, además de el FMI o la OCDE, como muestra de que nuestro país va por la buena senda de sus reformas. En el trasfondo se encuentran las acusaciones de los sindicatos dirigidas a la patronal por cambiar a última hora de opinión cuando estaba todo prácticamente cerrado. Un cambio, por otro lado, que se produjo a instancias de la junta directiva de la CEOE la pasada semana, dado que Rosell parecía estar de acuerdo con lo acordado hasta ese momento y solo faltaban algunos «flecos» en la redacción del texto.

Por si acaso, en el Ministerio de Trabajo están redactando el que podría ser el texto definitivo del decreto ley, teniendo en cuenta lo manifestado por empresarios y sindicatos, ya que como su propio titular ha reconocido esta semana la negociación bipartita de los agentes sociales podría concluir en «fracaso», por lo que lo que hoy hablen Rosell, Toxo y Méndez será casi definitivo para rubricar un nuevo fracaso del diálogo social, a tres meses de haberse recompuesto después de la ruptura producida con el decreto ley de la reforma laboral. Y el ministro Valeriano Gómez ya les ha advertido que si no se ponen de acuerdo, el Gobierno deberá ejercer su responsabilidad de legislar, porque la reforma es neceasria.

No se puede olvidar que esta negociación, con interrupciones, comenzó en la primeravera de 2010, más de un año sin que se haya llegado a ninguna parte. Por este motivo, el Ejecutivo aprobará el 10 de junio lo que esté preparado. Prefiere que patronal y organizaciones sinciales se pongan de acuerdo, dado que así la reforma será más efectiva y más rápida de asimilar, pero en su ausencia se aplicará lo que ponga el decreto ley.

Ni que decir tiene que tras el cambio producido en la CEOE en la última semana, los sindicatos se muestran muy pesimistas sobre los resultados que se puedan lograr en el encuentro a «alto nivel» de los agentes sociales. En UGT y CCOO apuntan como «culpable» de este cambio a la patronal madrileña de Arturo Fernández, también vicepresidente de la CEOE, que ha retomado viejas reivindicaciones que volverían a poner prácticamente a cero la negociación, ya que afecta desde la flexibilidad interna de las empresas, la creación de un contrato único con 20 días de indemnización, el descuelgue con carácter general de los convenios o hasta la imposición de plazos para negociar los convenios, eliminando la denominada ultraactividad (puesta a cero de todos los conceptos incluidos en el convenio). Los empresarios tampoco quieren que los directivos se vean afectados por los convenios, ya que pretenden que sus condiciones sean negociadas a nivel individual. Ante este giro de 180 grados los sindicatos se niegan en redondo a negociar ninguno de estos aspectos.

Como este martes ha recordado el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que aún no se cree lo sucedido, todas estas nuevas exigencias de la CEOE se pusieron sobre la mesa «15 minutos» antes de cerrar el acuerdo y cuando ya se estaban planteando informar al ministro de Trabajo del acuerdo, todo saltó por los aires. Y eso que hasta habían incluido en la reforma el tratamiento del absentismo laboral, para desincentivarlo, y la nueva regulación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuya gestión había sido puesta en manos de la CEOE por el Gobierno el pasado año. Estos dos últimos puntos también forman parte de la reforma de las pensiones, en trámite de presentación de enmiendas hasta el próximo 7 de junio en el Congreso de los Diputados.