Es decir, suponen ya el 5,3% del PIB nacional. Al mismo tiempo, el plan para reducir el número de entes públicos apenas ha logrado sus frutos. Al cierre del pasado ejercicio se mantenía casi intacto el número de entes dependientes de Estado y Comunidades Autónomas, que en conjunto contaban con algo más de 2.800 organismos.

Según los últimos datos, la deuda a 31 de marzo de 2011 de los entes públicos empresariales que Bruselas permite no computar en los estados consolidados de las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la municipal, ascendía a 57.900 millones de euros, cuando un año antes era de 50.400 millones.

Destaca el crecimiento de los pasivos de los entes que depende de las autonomías, que pasan de 16.161 millones a 31 de marzo de 2010 a 17.986 millones en el primer trimestre de este año. La deuda de los entes públicos estatales, entre otros Renfe, Aena, Sepi o Adif sumaba 30.700 millones, frente a los 26.200 millones de un año antes. A su vez, los débitos de los entes locales fuera de estadísticas oficiales comunitarias son de 9.116 millones, cuando un año antes sumaban 7.994 millones, según los registros del Banco de España.

En total, esos 57.900 millones equivalen a un 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB), una cantidad que de ser computada por Bruselas emborronaría bastante la foto de las cuentas públicas oficiales españolas en el apartado donde mejor imagen ofrecemos, el de la deuda sobre PIB.

Pero todas las Administraciones públicas tienen, junto a la deuda oficial, un apéndice en el que incluyen organismos total o parcialmente públicos con autorización para salir de los registros que examina la Unión Europea. La contabilidad comunitaria considera que no lastra al sector público aquella sociedad cuyos ingresos comerciales permiten financiar al menos la mitad de sus costes. De los 2.386 entes autonómicos que tiene contabilizados el Ministerio de Economía, más de la mitad se ajustan a esos criterios de excepción que marca Bruselas. A ellos hay que sumar los estatales y los locales.

Por el contrario, los datos que sí computan en las cifras de Bruselas se calculan según la metodología del protocolo de déficit excesivo (PDE) y se envían a la Comisión Europea seis veces al año. En estos datos se incluye la deuda de las unidades que se ocupan de la administración general del Estado o de la comunidad autónoma, las universidades y aquellos organismos y empresas dependientes que se clasifican como administraciones públicas. Se consideran empresas públicas clasificadas como administración central o autónoma aquellas que no producen para el mercado, que no venden sus productos en el mercado, por ejemplo, las televisiones autonómicas o un consorcio turístico. La decisión de encuadrar una empresa pública en uno u otro capítulo se establece en la contabilidad nacional. Al mismo tiempo, las empresas que tienen participación pública, pero cuyo control es privado porque la participación de la administración es minoritaria no se incluyen en los datos de deuda fuera del examen de Bruselas.

El incremento de la deuda pública empresarial fuera del control de Bruselas tampoco se ha visto frenado por el plan de reducción de entes públicos puesto en marcha por la Administración Central y secundado por las Comunidades Autónomas. A cierre de 2010, seis meses después de ponerse en marcha, el número de entidades sigue siendo casi el mismo: 456 de titularidad estatal y 2.338 autonómica. Analizado por tipo de administración, el número de entidades del sector público estatal disminuyó un 4,4% en 2010 al pasar de las 475 registradas en el año 2009 a las 454 contabilizadas al cierre del año pasado, mientras que el de las autonómicas aumentó en dos entidades, según el inventario de entes del sector público estatal y del sector público autonómico.

En concreto, en 2010 el mayor descenso se produjo en las sociedades mercantiles estatales y asimiladas, que pasaron de ser 209 a 184, mientras que se creó un nuevo consorcio del sector público estatal y tres fondos nuevos carentes de personalidad, entre otras cosas.

En cuanto al sector público autonómico, sólo en el segundo semestre de 2010 las comunidades crearon 22 entes públicos y suprimieron 42, lo que arroja una disminución neta de 20 entes en el conjunto del periodo.

A pesar de esta reducción, el balance global del inventario presenta un incremento de dos entes públicos en 2010 en las comunidades por la afloración de algunos entes que no son de nueva creación, pero que no estaban recogidos en el inventario.