La destitución de José Luis Méndez, antiguo presidente y máximo responsable de Caixa Galicia, estaba cantada desde que estalló el conflicto entre los ex directivos de las dos cajas gallegas fusionadas y los nuevos gestores del banco gallego como consecuencia de las altas cantidades percibidas en el momento de su separación de la entidad.

Méndez, cuya principal retribución a su salida se debe al fondo de pensiones acumulado durante los más de 30 años de trabajo al frente la caja gallega, mantuvo tras su jubilación la representación de los intereses del nuevo banco en algunas sociedades participadas accionarialmente por éste. Entre otras se encontraba un puesto en el consejo de Sacyr.

José María Castellano, presidente de Nova Galicia Bank, no quiso forzar hasta ahora la salida de Méndez entre otras cosas porque podría haber significado una crisis añadida a los problemas de poder en Sacyr ya que el otro representante en nombre de la caja gallega presentó su dimisión para no votar en contra del anterior presidente de la constructora, Luis del Rivero, que, posteriormente, le recompensó nombrándole de nuevo consejero en representación de su paquete accionarial.

Méndez, que en ningún momento se avino a renegociar una posible devolución de las cantidades recibidas en el momento de su salida de la caja, si puso sus cargos a disposición del banco en las compañías en las que le representaba. En la reunión de hoy se ha consumado dicha desvinculación.

El consejo de Sacyr, que inició su reunión a media tarde y cuya duración se espera sea larga, tenía previsto conocer el estado de las actuales negociaciones que la compañía mantiene con los bancos acreedores para la renegociación del préstamo con el que compró una parte sustancial del 20% del capital de Repsol que la constructora posee y que provocó un conflicto con los gestores de la petrolera como consecuencia del pacto de accionistas firmado con la mexicana Pemex, propietaria a su vez de un 10% adicional.

Fuentes de la compañía señalaron que las opciones para la renegociación del crédito siguen todas ellas abiertas y que no se ha alcanzado todavía una solución que permita desbloquear la situación. El crédito vence el próximo día 20 y una parte importante de los bancos acreedores no parecen estar a favor de la renovación del mismo, a menos que no se reduzca el riesgo de forma sustancial, lo que implica necesariamente la venta de una parte del paquete de acciones de Repsol.

Las opciones planteadas hasta ahora, algunas de las cuales estarían siendo ayudadas a materializarse por la propia Repsol, consisten en cualquier caso en la venta de una parte de las acciones, se habla entre un 5% y un 10%, lo que reduciría drásticamente la capacidad de maniobra de Sacyr en Repsol y desarmaría necesariamente el pacto entre la constructora y Pemex.

Ha habido contactos con compañías asiáticas y árabes que podrían estar interesadas en la adquisición de estas acciones pero por ahora no han fructificado. La china Sinopec, socia de Repsol en Brasil, podría ser una de las compañías con interés en una operación de esas características  pero, dada la distribución accionarial de Repsol (Caixabank tiene un 13%, Pemex un 10% y Sacyr mantendría una posición similar a esta última) dificulta la entrada de un socio industrial nuevo porque tendría claras limitaciones para influir en la gestión.

La compañía constructora ha reconocido que los bancos que hace cinco años financiaron la operación de entrada en Repsol se muestran ahora más reticentes a seguir haciéndolo, a pesar del fuerte crecimiento del dividendo de la compañía que permite pensar en mayores facilidades para devolver el crédito, y que el principal banco español financiador, el Santander, muestra una mayor dureza en sus posiciones que hace unos meses cuando se iniciaron las conversaciones para la renovación.