El Gobierno no necesitaba más apoyo al tijeretazo de 16.125 millones de euros para ajustar el déficit de 2011 a los compromisos de Bruselas que el de su grupo parlamentario, que por algo tiene mayoría absoluta. Pero mire usted por donde, los catalanes de CiU se sumaron al recorte y a la subida del IRPF, el IBI y el gravamen sobre el ahorro, a pesar de que según su portavoz económico, Josep Sánchez Llibre, “la subida del impuesto sobre la renta de los asalariados es confiscatoria e injusta” y de que el IBI requería, según dijo, “un planteamiento global de la financiación de los ayuntamientos”. Con este apoyo sobrevenido, el decreto de medidas urgentes fue aprobado por 197 votos a favor frente a 138 contrarios y 4 abstenciones.

Llegó el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, con una explicación basada en la “herencia envenenada” a la que hace meses se refirió Mariano Rajoy, quien asistió al debate en silencio después de haber expuesto el martes a los diputados de su grupo la gravedad de la situación económica: 5,3 millones de parados al terminar 2011, la economía estancada y una desviación del déficit publico superior al 8% del PIB pese a que el Gobierno anterior comprometió el 6% y ocultó los datos. Esto significa que el esfuerzo del ajuste para reducir la desviación del sector público entre ingresos y gastos al 4,4% en 2012 tendrá que ser de 37.000 a 40.000 millones de euros.

La mayor desviación del gasto correspondió a las Autonomías (15.000 millones de euros), a la Seguridad Social (5.000), a la administración general del Estado (3.000) y a los ayuntamientos (1.500). El ministro Montoro aseguró que se encontraron el pastel “a los pocos días de llegar al Gobierno” y tras explicar que la situación requería “actuar con urgencia” razonó que si el nuevo Ejecutivo encontró los vidrios rotos del festín es evidente que los anteriores gobernantes sabían de sobra cómo quedaba el patio, pero no fueron capaces de explicarlo a la sociedad. “Tuvieron que ser los servicios técnicos los que lo advirtieron”.

El socialista José Antonio Alonso tiró por elevación y cargó contra el presidente Rajoy, el único jefe de Gobierno de la UE que no ha tenido a bien explicar un ajuste que castiga a los asalariados, acentúa la recesión y trae más pobreza y desempleo. Alonso aseguró que el desvío del déficit corresponde principalmente a las autonomías gobernadas por el PP, que conocía los datos antes de llegar al Gobierno, pero ocultó el ajuste durante la campaña electoral. Tampoco el PSOE, que adelantó el pago del Impuesto de Sociedades por parte de las grandes empresas, habló de la necesidad de un ajuste suplementario, si bien su candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso gravar más los beneficios de la banca y crear un impuesto sobre las grandes fortunas.

Pedro Azpiazu, del PNV, lamentó que con la subida raquítica a los pensionistas –un promedio de 30 céntimos al día– Rajoy incumpla el compromiso de devolverles la capacidad adquisitiva, y aunque reconoció “su valentía” por subir el IRPF, nada se sabe del trato a las SICAV y menos a las grandes fortunas. “¿Cabe otra política?”, se preguntó el vasco, y su respuesta fue que no, que dependemos de Bruselas, del impuesto a las transacciones financieras, del Banco Central Europeo y del Eurobono para salir del estancamiento.

Cayo Lara de IU y sus aliados, que ahora se llaman Izquierda Plural, no tuvo inconveniente en elogiar el cambio de parecer de Rajoy, que ha pasado de asegurar que no tocaría los impuestos a subirlos a los de siempre, los trabajadores, con un efecto contrario a la prometida creación de empleo. “Esto es un golpe de mercado”, afirmó. Y aprovechó la oportunidad para pedir al PP: “Traigan la carta de Bruselas”, en referencia a las amenazas del gobernador del BCE al Ejecutivo de Zapatero que se saldaron con la reforma pactada de la Constitución que antepone el pago de la deuda y la reducción del déficit a la situación social. Lara, que empieza a dar la talla de buen orador, preguntó por qué en vez de a la ciencia y la investigación no se recorta a la Iglesia Católica, como si no conociera la advertencia de Monstequieu –a la religión, ni tocarla– o de su paisano, el hidalgo manchego universal: “Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”.

Tal vez porque sus señorías parecían conscientes de que el tijeretazo es sólo “el inicio del inicio” de un ajuste más duro todavía cuando llegue el Presupuesto, muchos quisieron saber si el Gobierno va a subir el IVA o cuantas entidades públicas de las más de 4.500 que citó Rajoy serán eliminadas por la vía de cerrar el grifo. Pero Montoro no soltó prenda. UPyD ya anticipó su apoyo a la supervisión de los presupuestos de las autonomías por parte del Ejecutivo central, lo mismo que a éste le supervisa la Comisión Europea. Hay que suponer que si se vigilan más y mejor unos a otros, emplearán con mayor eficiencia y utilidad nuestro dinero, aunque, de momento, es sólo una hipótesis de trabajo.