Para que nadie piense que en este país sólo trabajan los jueces y que después del paréntesis electoral de cortesía han decidido dominar la agenda política, conviene reseñar que el Congreso de los Diputados ha empleado dos jornadas en constituir sus comisiones, que son 24. A ellas habrá que añadir, cuando los senadores decidan, la formación de las mixtas de control de RTVE, relaciones con la Unión Europea, con el Tribunal de Cuentas y de estudio del problema de las drogas.

Aun siendo un trámite ordinario, el PP ha vuelto a dejar algunos pelos en la gatera por falta de ecuanimidad o, como dicen los más finos del lugar, de sensibilidad. La dirigente de UPyD, Rosa Díez, se siente maltratada y agraviada. Su grupo no ha sido consultado por el PP sobre la formación de las comisiones y al final ha quedado marginado del reparto de presidencias, en contraste con el PNV, al que con menos votos le han concedido una, en concreto, la del estudio del cambio climático, que ejercerá Emilio Olabarría.

Vale que Mariano Rajoy no haya tenido a bien reunirse con los representantes políticos para analizar la situación del país porque, como dice Díez, “para compartir ideas con Rajoy hay que ser poderoso, extranjero o nacionalista”, pero la ecuanimidad democrática debería prevalecer, opina Díez. Sobre la distribución de comisiones, CiU ostentará dos, como en la legislatura pasada –Josep Antoni Durán i Lleida la de Exteriores y Pere Macías la de Seguridad Vial–, el PSOE tres —Alfonso Guerra la de Presupuestos, Manuel Chaves la del Pacto de Toledo y José María Barreda la de RTVE– e IU una, la del estudio de las drogas, a cargo de Gaspar Llamazares.

Mientras avanza la ubicación de sus señorías, la oposición espera las explicaciones del presidente sobre la dimensión exacta del ajuste del gasto público, los puestos de trabajo que va a costar y la forma de penalizar a las autonomías que incumplan el compromiso de déficit. De momento sólo sabemos que Cristobal Montoro se ha puesto serio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero les va a adelantar más de 8.000 millones de euros del recorte y la subida de impuestos para que satisfagan las deudas. Nada nuevo, en realidad, si tenemos en cuenta el reparto de los ingresos fiscales. ¿Se dispone el Gobierno a rescatar las competencias sanitarias, educativas y otros servicios en manos de las autonomías derrochadoras? Es lo que propugna UPyD y lo que Díez querría escuchar a Rajoy.