El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, descartó este jueves que el Gobierno vaya a acomter alguna nueva subida de impuestos, y justificó el incremento aplicado en el IRFP (personas físicas) e IBI (vivienda) por el «agujero» de déficit de 20.000 millones que se había encontra el Ejecutivo, durante su comparencia en la Comisión del Congreso de los Diputados encargada de debatir las materias de su cartera.

Montoro, además, adelantó la intención del Gobierno de revisar los mínimos personales y familiares para equiparar su cuantía y mejorarlos, elevando la equidad fiscal, y confirmó que este viernes el Consejo de Ministros dará su visto bueno al anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria, para el que pidió el apoyo de todas las fuerzas de la Cámara a fin de fortalecer el Estado de las Autonomías y unas cuentas públicas transparentes para ganar la confianza de los mercados y que pueda volver la financiación tan necesaria para la recuperación económica y la creación de empleo.

El ministro explicó las líneas básicas de las políticas que desarrollará su departamento para que el sector público se convierta en una «palanca» de la recuperación, partiendo de que «estamos en una recesión muy severa» ante la imposibilidad del sistema financiero de «digerir» la deuda y con más de 5,4 millones de parados. En su opinión, todas las medidas deben recuperar la confianza, pieza clave para salir de la situación en la que se encuentra el país. El «desafío», explicó, es  «desapalancar la economía y reducir el nivel de endeudamiento del sector público, privado y familiar».

«La economía española es una nave escorada que necesita ser equilibrada», explicó metafóricamente para aludir a la necesidad de aplicar austeridad de las administraciones y poner en marcha reformas estructurales. De momento, y tras las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, Montoro mostró su satisfacción por el acuerdo unánime de todas las administraciones y locales para reducir el déficit, «erradicando por ley» las prácticas de ocultar o falsear las cuentas.

Impuestos

El ministro recalcó que el Gobierno no va a subir los impuestos e incluso apuntó vayas medidas que supondrán un descenso de los mismos, al revisar para su mejorar la equidad fiscal, elevando el mínimo personal y familiar del IRPF. Además, de la desgravación por compra de vivienda. A cambio, espera incrementar los ingresos por un mayor control del fraude fiscal, actuando sobre las operaciones internacionales, la economía sumergida y los impuestos especiales. A ello sumó fijar un límite a las operaciones en efectivo y anunció que en febrero se aprobará el  Plan General de Control Tributario para 2012, que traerá una mejora en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, la simplificación del uso y extensión de las nuevas tecnologías. Asimismo, confirmó la puesta en marcha en breve de estímulos tributarios para apoyar a autónomos y pymes y favorecer a los emprendedores con un marco fiscal que les permita crear empleo.

De esta forma, en el primer trimestre el Gobierno pretende revisar el IPRF (mejora del mínimo personal y familiar), y el Impuesto de Sociedades (estímulo a la actividad y el empleo, menteniendo los tipos reducidos para pymes que creen empleo y el pago de los impuestos cuando se cobren las facturas). También habrá un plan para financiar las empresas que reinviertan sus beneficios; exención de plusvalías que se reinviertan; mejora de los requisitos del IVA y favorecer el ahorro familiar, mejorando la tributación de los planes de pensiones. En definitiva, resumió, «creemos que con menos impuestos se crece más», por lo que «no habrá más subidas de impuestos«.

Política autonómica y administración local

El segundo eje de su intervención fue la política autonómica y local. Este viernes será aprobado el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria, que cuenta con el apoyo de todos los responsables autonómicos y locales, y cuyos objetivos son la disciplina, transparencia y evitar falsear las cuentas. Para ello, explicó Montoro, se modernizarán y reestructurarán las administraciones, aplicando políticas de austeridad, de racionalización de la oferta pública de empleo y reducción significativa de las empresas públicas en el «plazo más breve posible».

Entre las líneas básicas de la futura Ley de Estabilidad, que supondrá la coordinación de las actuaciones con todas las administraciones, serán la sostenibilidad financiera de todas las administraciones («no vamos a dejar que ninguna quiebre», llegó a decir), para lo que todas deberán presentar equilibrio o superávit prespuestario; su deuda no podrá superar el 60% del PIB, salvo excepciones concretas; no se deberá superar el gasto fijado en un techo y con mecanismos sancionadores para los que no cumplan los compromisos, además de la obligación de presentar un plan de reestructuración para ponerse al día en un año.

Desde la mayoría de los grupos parlamentarios se ofreció el apoyo a la futura Ley, aunque los portavoces socialistas, Inmaculada Rodríguez Piñero y Marichel Batet, pidieron que se tengan en cuenta todas las opiniones y que se pida a Bruselas la ampliación del plazo para cumplir el objetivo de déficit, dado que ahora es más urgente tomar medidas que incentiven la actividad económica, algo que echaron en falta en la intervención de Montoro.

También recordaron el primer incumplimiento electoral de no subir impuestos, recalcando que el traspaso de Gobierno fue impecable y que no se ocultó ningún dato, salvo lo que no se sabía como fueron los datos del déficit del último trimestre. «El PSOE no va a aceptar que digan que hemos dejado un agujero», recalcó Rodríguez Piñero, mientras que Batet pidió una revisión sobre la política para reducir el tamaño, empleo y empresas públicas, porque lo importante es el modelo de servicios públicos que se quieren dar a los ciudadanos.

También el portavoz de CiU, Josep Sánchez i Llibre ofreció su apoyo a los planes del Gobierno, aunque pidió conocer los estímulos económicos porque hasta ahora lo que se ha explicado es «humo» y solo ha habido una subida de impuestos. Desde CiU se «analizará con lupa» el contenido del anteproyecto de la Ley de Sostenibilidad, aunque recalcó que serenía necesario que se incluya que aquellas comunidades que cumplan los objetivos se las otorguen las mismas garantías que tiene el Estado para refinanciar su deuda pública.

Montoro concluyó su intervención apostando por la austeridad y el rigor y confirmó que los Presupuestos se presentarán el 31 de marzo, una vez que la Comisión Europea dé sus previsiones sobre la marcha de nuestra economía, para presentar unas cuentas públicas «realistas» y confirmó que habrá cambios fiscales para favorecer la financiación de las pymes.