La reforma financiera ya está ahí. España cumple en este campo ante Bruselas, mientras tiene pendiente la reforma laboral y el cumplimiento de los objetivos de déficit. El Consejo de Ministros de hoy aprobará la propuesta del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que éste ha presentado, con poca modestia, como “el más intenso de toda la Unión Europea”. “Ningún otro país del entorno comunitario ha diseñado un proceso de saneamiento de activos semejante, pese a que en algunos casos la crisis financiera les ha afectado de forma más intensa”, argumenta. El resultado de la reforma es un sector financiero “más fortalecido, con menos entidades pero más sólidas”, y unas entidades financieras españolas que estarán “entre las más saneadas de la UE”.

Además, “a diferencia de lo ocurrido en otros países”, la reforma financiera no tendrá impacto en el déficit público ni supondrá coste alguno para el contribuyente, ya que los saneamientos serán asumidos por las propias entidades con cargo a resultados o a capital en unos plazos que De Guindos consideran como “razonables”.

La reforma parte de unas cifras de junio de 2011: los activos inmobiliarios ligados al sector promotor ascienden a 323.000 millones de euros, de los que 175.000 millones son problemáticos (88.000 millones en suelo y promoción en curso, 87.000 millones, en promoción terminada y viviendas adjudicadas). Y en unos porcentajes de cobertura: 31% para el suelo; 27% para promociones en curso, 25% para promoción terminada y viviendas.

Y consiste en exigir saneamientos adicionales por 50.000 millones, que salen de una provisión específica para los activos problemáticos de 25.000 millones, una dotación extraordinaria que las entidades deberán realizar con cargo a los resultados de este año. Más un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que podrá cubrirse con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de preferentes, bonos subordinada, que aporta otros 15.000 millones.

Además se establece una provisión genérica del 7% para los activos “no problemáticos” ligados a la promoción inmobiliaria. De Guindos argumenta que la banca debe cubrirse ante un posible deterioro de activos que ahora están sanos y que éstos representan un riesgo más elevado que el resto del crédito. Esta provisión, que supondrá otros 10.000 millones, se realizará contra resultados.

Tras la reforma, para la que no se podrá utilizar las genéricas actuales, el suelo pasa del 31% al 80% en provisiones específicas; las promociones en curso, del 27% al 65%; y la promoción terminada y vivienda adjudicada, del 25% al 35%.

Los 50.000 millones los tendrá que poner la banca antes del 31 de diciembre. Un esfuerzo considerable, porque desde 2008 a junio de 2011 las provisiones específicas suman 66.000 millones. De Guindos reconoce que “en un año la banca tendrá que hacer en un año lo que ha hecho en tres”.

Incentivo para la concentración

Además de facilitar la salida del ladrillo en manos de la banca, y el consiguiente abaratamiento de la vivienda y la reactivación del alicaído mercado inmobiliario en España, la reforma financiera tiene un objetivo convicto y confeso: acelerar el proceso de concentración del sistema financiero. ¿Cómo? Las entidades que estén en proceso de fusión desde el 30 de septiembre de 2011 (lo que incluye la operación entre el Popular y el Pastor) o lo presenten antes del 30 de mayo tendrán dos años, y no uno como el resto del sector, para afrontar esas provisiones adicionales. Además, el saneamiento de los activos se podrá hacer contra el patrimonio.

Más ventajas: esas entidades podrán acceder a financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a través de bonos convertibles contingentes (los ‘cocos’, en la jerga financiera). De Guindos precisa que los ‘cocos’ en manos del Frob no tendrán derechos políticos. Para afrontar esa mayor demanda, el Frob pasa de 9.000 millones a 15.000 millones en recursos propios (multiplicando sus posibilidades de endeudamiento, aunque se mantienen en 90.000 millones).

A cambio, la fusión deberá suponer un incremento del balance total del 20%, aunque se aceptará un 10% en casos “muy excepcionales”. Deberá ser real, no virtual, lo que impide usar la figura de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP). El nuevo grupo tendrá que asumir compromisos de mejora de la gobernanza y de control de las retribuciones de directivos y consejeros, de ampliación o al menos mantenimiento del crédito, y un plan de desinversiones.

De Guindos tiene prisa: las fusiones deben presentarse antes del 30 de mayo. Economía, oído el Banco de España, resolverá en un mes. El proceso debe estar en marcha antes del 30 de septiembre y finalizado antes de comenzar el próximo ejercicio.

Poniendose la venda antes que la herida, el ministro de Economía lanzó dos mensajes. Uno, el proceso dee concentración no desembocará en un «oligopolio», como algún gran banquero ha insinuado ya, sino en entidades con capacidad de competir entre sí tanto en el activo como en el pasivo, lo que garantiza un grado suficiente de competencia en el mercado financiero español. Y dos, que el Gobierno no tiene un mapa de fusiones, por lo que «no se va a insmiscuir en absoluto en el proceso«.