Tres veteranos banqueros, competidores entre sí, coincidieron, en las respectivas presentaciones de resultados de sus entidades en 2011, en una apreciación. Pese al duro ajuste realizado hasta ahora (según el Banco de España, la banca ha reducido el 5% de sus sucursales y suprimido el 4% de su empleo desde los niveles máximos de 2008 y la primera fase de la concentración, protagonizada fundamentalmente por cajas, añade entre el 10% y el 25% de oficinas y entre el 12% y el 18% de las plantillas), hace falta más reducción de la capacidad instalada de las entidades financieras que operan en España. El primero que se atrevió a cuantificar ese sobrante fue Joan Maria Nin, director genera de ‘la Caixa’ y vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de CaixaBank, que habló de un 20%. Un porcentaje asumido posteriormente, y también de manera pública, por el presidente del Santander, Emilio Botín, y por el del Popular, Ángel Ron. El Banco de España y el Ministerio de Economía creen también que la banca debe continuar reduciendo su capacidad instalada, que alcanzó su nivel máximo en 2008, justo cuando la crisis financiera vivía su primer ejercicio, con más de 46.100 sucursales.

Pero el ajuste del sistema financiero tiene otra realidad que va más allá de los números de cierres de sucursales o de empleados prejubilados. Un centenar de localidades de toda España con poblaciones superiores a los 1.000 habitantes carece de una sucursal de banco, caja de ahorro o cooperativa de crédito/caja rural, según un estudio sobre la exclusión financiera en España elaborado por Beatriz Fernández Olit, doctora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, y publicado en “Cuadernos de Información Económica”. Esta carencia de sucursales en su lugar de residencia, lo que se denomina “exclusión financiera territorial”, afecta a 162.000 personas, el 0,35% de la población española.

Por comunidades autónomas, donde hay un mayor volumen de personas sin atención financiera directa es en Cataluña, con 37.720 personas que viven en 25 municipios de más de 1.000 habitantes que no tienen sucursal. En segundo lugar figura Galicia, con 33.873 habitantes, repartidos por 19 pueblos. Y en tercera posición se encuentra Castilla y León, con 26.317 habitantes distribuidos entre 18 municipios.

“Las zonas más rurales de Castilla y León están notablemente peor atendidas que la media”, señala el estudio. El número de habitantes sin atención financiera directa en su municipio supone el 1,03% del total regional, tres veces más que la media española. La tasa de habitantes por oficina se mantiene en Castilla y León como la segunda más baja de España, con 794, sólo por encima de La Rioja. La media española se mantiene en torno a los 1.000 habitantes por sucursal.

Desatención financiera del 3% de los municipios

“El 3% de los municipios españoles se encuentra financieramente excluidos al no disponer de sucursal bancaria, pese a corresponderles teóricamente en base a su volumen poblacional”, destaca el estudio, que argumenta que “esa desatención financiera se observa en los municipios más pequeños, que han podido quedar relegados por las entidades de crédito debido a su cercanía territorial a núcleos de población con mucho más atractivo de negocio”.

Pese a que existen cien municipios de más de 1.000 habitantes donde ninguna entidad financiera ha mostrado interés en abrir, hay otros muchos pueblos con menos habitantes donde la banca sí está presente, con más de 2.000 sucursales abiertas. De ellas, unas 1.200 corresponden a las cajas, y más de 600 a las cooperativas de crédito y cajas rurales. En muchos casos estas oficinas están vinculadas a la cooperativa agraria o ganadera del municipio. Este dato demuestra que “los bancos prefieren concentrarse en los municipios con mayor población y supuestamente con mayores márgenes de rentabilidad por sucursales”.

Según el estudio, entre los elementos que las entidades financieras tienen en cuenta a la hora de no abrir (o de cerrar) una oficina destacan el menor dinamismo productivo y regional, el nivel de desempleo local, la mayor tasa de personas que no participan en el mercado laboral (el peso de las amas de casa, fundamentalmente) y la mayor tasa de población envejecida.