En España viven más de medio millón de personas nacidas en Ecuador. Es el colectivo de inmigrantes procedentes de América Latina más importante, con cerca de 150.000 personas con la doble nacionalidad. Por ello, todo lo que suceda a los ecuatorianos residentes en España tiene mucha resonancia en su país de origen. Y una operación sigue suscitando polémica en Ecuador. Se trata de la compra de carteras de hipotecas y de otros créditos suscritos en España por ecuatorianos y por otros inmigrantes latinoamericanos. El Banco Pichincha, el mayor de Ecuador, decidió acelerar sus planes de expansión en España, donde es la única entidad financiera latinoamericana con una red de sucursales dirigida a atender a los inmigrantes, mediante la adquisición de carteras de hipotecas y de financiación de consumo en manos de Bankia.

La operación, sobre todo la compra de carteras de hipotecas en manos de residentes ecuatorianos en España, generó una gran preocupación en este colectivo, ya que se tenía que el Banco Pichincha pretendiera cobrar las deudas generadas en España con bienes que los titulares de éstas tuvieran en Ecuador. Aunque el banco ha negado esa posibilidad, el Gobierno de Ecuador reclamó al Pichincha explicaciones sobre estas compras de carteras de hipotecas contratadas por los inmigrantes con Caja Madrid, promotora principal de Bankia, la sociedad cotizada del Banco Financiero y de Ahorros.

Además de la presión del Gobierno de Rafael Correa, la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que se exhortaba a la Supeintendencia de Bancos, a la Cancillería (equivalente al primer ministro), a la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) y a la Defensoría del Pueblo, a que investigaran la situación de los ecuatorianos residentes en España con deudas ligadas a sus hipotecas.

La Cancillería del Gobierno de Ecuador creó, en colaboración con la embajada en España, un equipo de trabajo que recopila todos los datos sobre los ecuatorianos afectados por deudas hipotecarias. Según los primeros cálculos, que consideran muy preliminares, hay 15.000 inmigrantes ecuatorianos residentes en España afectados por créditos impagados, con desahucios y pérdida de sus viviendas y otros «problemas sociales graves». Dentro de la una estrategia de apoyo a los inmigrantes atrapados por deudas hipotecarias y por la crisis económica en España, el equipo creado en la embajada de Ecuador en Madrid está ofreciendo asesoramiento jurídico a los afectados.

Voluntad de colaboración

Por su parte, el Banco Pichincha ha reiterado, tanto desde la casa matriz en Ecuador como desde el banco filial en España, su voluntad de colaborar con la comisión oficial encargada de investigar la operación de compra a Bankia de una cartera de deudas hipotecarias de inmigrantes.

El adjunto a la presidencia del Pichincha, Antonio Acosta, envió una carta al presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Francisco Velasco, en la que asegura el banco «estará a entera disposición» de la delegación oficial que irá a España. Y aprovecha para sugerir que los miembros de esa delegación sean designados por la Superintendencia de Bancos.

En la carta, se recuerda que, pese a las críticas realizadas por algunos inmigrantes a la compra a Bankia de la cartera de créditos hipotecarios realizada por el Banco Pichincha en España, esa operación cumplió con todas las disposiciones establecidas por la legislación española. El Pichincha niega la posibilidad de que deudas contraídas en España puedan ser cobradas en Ecuador.

Pero Rumiñahui, una asociación que apoya a los inmigrantes ecuatorianos en España, replica que que en octubre de 2011 denunció ante la Senami la operación de compra de hipotecas de Bankia por el Pichincha en España. Y reclama que la Asamblea de Ecuador se coordine con diputados españoles para promover una reforma de la Ley Hipotecaria, y que esa iniciativa se extienda al Parlamento Andino, para impulsar un frente común regional. Esta asociación considera que la crisis generada por las hipotecas impagadas no sólo afecta a los inmigrantes ecuatorianos, sino también a los de otros países latinoamericanos, como Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay y Argentina.