Apenas han pasado tres días desde que el Gobierno aprobó la reforma financiera que obligará a mayores provisiones bancarias para hacer frente al riesgo inmobiliario y los promotores han pedido que una parte de esas ayudas se desvíen en forma de créditos obligatorios hacia sus empresas; que el Estado rebaje la fiscalidad a que está sometida la vivienda;  que los bancos no bajen de forma abrupta el precio de venta de los pisos que tienen en su propiedad y, además, que concedan hipotecas para la venta de los pisos de las inmobiliarias con las mismas condiciones que las de los que venden directamente.

No han perdido el tiempo los promotores y constructores para alinearse con el Gobierno al señalar que la reforma diseñada era “absolutamente necesaria” para el saneamiento del sector financiero pero inmediatamente han puesto los límites que ellos consideran imprescindibles y han solicitado que parte del pastel que se va a repartir también acabe llegando al sector inmobiliario.

José Manuel Galindo, presidente de la patronal del sector, presentó una batería de propuestas que pretende estudie una comisión formada por los promotores y el Gobierno de cara a conseguir un marco que permita que el sector inmobiliario recupere parte del protagonismo perdido en el conjunto de la economía a consecuencia de la crisis que sufre.

Para Galindo, la reforma del sector financiero “era urgente” y el objetivo final de la misma es que los mercados mayoristas recuperen la confianza en la banca y de esta manera pueda volver a fluir el crédito.  Pero, señaló, la propia reforma “no garantiza el incremento inmediato del crédito” sino que debe pasar tiempo y para él, aun más importante que el precio de las viviendas es la existencia del crédito necesario para que se puedan vender éstas.

Aun diciendo estar de acuerdo con las medidas del Gobierno mantuvo sus reservas sobre la bondad de las mismas por entender que las nuevas provisiones exigidas son ‘generalistas’ mientras que el mercado de la vivienda es ‘local’ y que en algunos casos las nuevas exigencias superarán realmente las necesarias mientras que en otros casos pueden quedarse cortas.

Pero lo importante de la propuesta de la patronal se centra por un lado en la petición de que se haga un estudio exhaustivo del stock de viviendas existente, de forma que se pueda tener un conocimiento exacto “del tipo de viviendas  y de su ubicación” con el objetivo de poder ofrecer grandes bloques de pisos en venta a los operadores internacionales, y por otro con una batería de ayudas al sector en forma de créditos y de ventajas fiscales.

En este sentido la patronal quiere que los bancos que reciban ayudas, directas o indirectas, tengan obligatoriamente que destinar una parte de las mismas a proporcionar créditos al sector inmobiliario. Galindo explicó que habrá entidades que reciban ayudas directas en forma de préstamos del FROB pero que otras entidades que se fusionen también tendrán ventajas fiscales que pueden cuantificarse. Sobre este conjunto de ayudas es sobre el que quieren que el  Gobierno establezca un coeficiente obligatorio de inversión.

Además, quieren que el Gobierno “module” la obligación de la provisión general del 7% para el crédito bueno del sector inmobiliario tanto para las promociones de viviendas en alquiler como de viviendas protegidas por entender que éstas tienen menos riesgo.

En el terreno fiscal los promotores quieren que en los procesos de fusión entre inmobiliarias se elimine el pago del impuesto de actos jurídicos documentados y el de trasmisiones patrimoniales, además de pedir que se reduzca o elimine el impuesto de sucesiones tanto para los propietarios nacionales como extranjeros.

Finalmente, los promotores piden ‘colaboración’ al propio sector financiero para que éste no tire los precios de la vivienda al sacar al mercado los pisos que tiene en propiedad de forma que se elimine “la tensión del ajuste” como consecuencia de las nuevas exigencias de provisiones. En el fondo, los promotores siguen considerando que los precios de la vivienda no tienen por qué caer tanto como el descuento que significa la provisión exigida por las autoridades y que dependerá de la actitud de la banca que esto ocurra o no.

Por último, el sector inmobiliario afirma querer que haya libre competencia en el sector y para ello exige a los bancos que no ofrezcan condiciones mejores de financiación a los clientes que compren pisos de su propiedad que a los que acudan en busca de un crédito para comprar un piso de una inmobiliaria.