Las entidades financieras se preparan para el inmediato proceso de fusiones que viene alentando el Gobierno con las nuevas exigencias de provisiones para sanear sus activos. Los rumores sobre posibles operaciones están a la orden del día.

Pocos son los bancos que en estos momentos no están estudiando qué pareja les convendría más a la luz del nuevo cuadro diseñado por el Gobierno que debería ver la luz antes del verano. Las entidades tienen que presentar ante el Banco de España un plan para cubrir las nuevas provisiones exigidas y además alcanzar los requisitos mínimos de recursos propios que les imponen tanto las autoridades españolas como las comunitarias. Los responsables de todas las entidades reconocen que mantienen contactos con el resto.

Una parte importante del sector, los grandes grupos, no tendrán problemas para conseguir antes del 30 de junio alcanzar las estándares de capital exigidos y terminar el ejercicio con todas las provisiones en su balance. Otras, los bancos nacionalizados por el FROB o intervenidos por el Banco de España, es muy probable que no logren presentar un plan creíble para alcanzar los objetivos y, por lo tanto, que sean objeto de subasta pública para ser colocados al mejor postor, es decir al que menos ayudas solicite. Unnim y Banco de Valencia se venderán inmediatamente y CatalunaCaixa y Nova Galicia habrá que esperar, en principio, al final del verano para iniciar un proceso similar siempre y cuando no hayan conseguido encontrar los inversores privados suficientes como para que adquieran el 20% de su capital.

El resto de bancos, tanto los surgidos de las antiguas cajas de ahorros como los que ya tenían el estatus de tales antes de la reforma de las cajas, serán analizados por el Banco de España para establecer su capacidad o no de salir adelante por si mismos. La mayor parte de los bancos ‘antiguos’ no tendrán especiales problemas para cumplir las exigencias pero los procedentes de la unión de las antiguas cajas de ahorros tendrán que de mostrar su capacidad de seguir siendo independientes dada la mayor exposición al riesgo inmobiliario que tienen en general.

Sin duda, Bankia, la entidad presidida por Rodrigo Rato y fruto de la unión de siete antiguas cajas de ahorros, ha estado en el punto de mira de todos. Tanto de las autoridades económicas como del resto el sector financiero. Y lo ha sido considerándola en la práctica totalidad de los casos como una entidad a ser absorbida por otra, necesariamente una de las grandes dado el tamaño de Bankia, porque se entendía que no podría seguir su andadura en solitario dado el elevado volumen de riesgo inmobiliario que tiene.

Bankia retrasó la presentación de resultados hasta que el Gobierno no aprobara las nuevas exigencias de provisiones para adaptarse, con cargo a 2011 lo más posible a la nueva realidad. Y lo ha hecho de forma razonable. Según sus cálculos las provisiones exigibles superan los 5.000 millones de euros, una cifra menor de la que calculaban los analistas previamente, y de ésta ya se ha cubierto un tercio con los resultados del pasado ejercicio. El resto, dijo Rato, podrá alcanzarse a finales de 2012 con la propia cuenta de resultados de la entidad y sin recurrir a ayudas públicas.

Con ello Bankia quería rebatir los argumentos que hasta entonces se han venido manejando reivindicando su capacidad no sólo para seguir siendo una entidad independiente sino incluso para participar, como compradora y no como adquirida, en el proceso de fusiones que alienta el Ejecutivo.

Con las cifras conocidas hasta ahora, y no todas las entidades las han hecho públicas, puede ser difícil que se alcance el objetivo del Gobierno de conseguir una reducción significativa del número de entidades de forma que el tamaño medio de las mismas vuelva a aumentar y supere los 100.000 millones de euros, cantidad que se considera mínima para poder acceder a los mercados mayoristas internacionales cuando éstos se vuelvan  a abrir con normalidad.

Es cierto que las entidades que quedan por descubrir sus cuentas son las que más dificultades tendrán para acoplarse al calendario establecido y que, por tanto, será con ellas con las que se produzca el proceso de concentración, bien entre si o poniéndose en manos de otras entidades más fuertes y que ofrezcan una mayor garantía.

Todos los bancos tienen un mes de plazo para presentar sus planes concretos. A partir de ahí el Banco de España debe decidir cuáles son creíbles y cuáles difíciles de cumplir. Será entonces cuando empiecen las conversaciones forzadas por la realidad. Todo ello sin descartar que antes de ese plazo se haga pública alguna fusión.