Hay riesgo de despidos masivos. Lo dicen economistas de Fedea, la fundación patrocinada por la banca y grandes empresas, nada sospechosa de afinidad con los sindicatos. La entrada en vigor de la reforma laboral puede suponer una oleada de despidos masivos, si el Gobierno no lucha por explicar a los empresarios otras ventajas que les ofrece el texto, como las nuevas medidas de flexibilidad interna, a las que se puede recurrir ya, tras su  publicación en el BOE el pasado sábado.

La reforma laboral puede acarrear despidos masivos en las empresas, según afirma el economista Luis Garicano, miembro de Fedea, la fundación que se destacó por su defensa del contrato único, y a la que los sindicatos acusan de estar detrás del articulado más agresivo de la reforma laboral que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que espera su tramitación como proyecto de ley en las Cortes.

Por su parte, el Gobierno se ha mostrado este lunes dispuesto a introducir algún cambio en aspectos técnicos de la reforma, pero no en sus principios generales, según afirmó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tras reunirse con los máximos dirigentes de los sindicatos UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, y de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado.

“¿Hay alguna empresa que no tenga tres trimestres de caída de beneficios y a la que no le sobren trabajadores?”, se pregunta el economista de Fedea. De este modo, Garicano ha instado al Gobierno a “hacer pedagogía” si quiere evitar una oleada de despidos en las empresas, por la vía del despido procedente, que rebaja la indemnización para el trabajador a un máximo de 20 días y 12 mensualidades. Si no, “veremos unos meses de destrucción masiva de empleo”, alerta.

Garicano, que elogia la reforma aprobada por el Gobierno, echa en falta otras medidas como la implantación progresiva de un fondo de capitalización para la indemnizaciones por despido –el llamado sistema austriaco-. También aboga por dar al empresario más facilidades para reducir la jornada. Y una reducción en el número de contratos temporales, junto al ya clásico contrato único con indemnización creciente.

La reforma es constitucional, según el Gobierno

El Ejecutivo no ha querido que la aprobación de la reforma suponga una ruptura total con los sindicatos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, pidió hoy lunes a empresarios y sindicatos que colaboren en la puesta en marcha de la reforma. En la reunión, les ha ofrecido abrir una ventana de diálogo sobre aspectos “técnicos” del decreto ley. La tramitación parlamentaria será el momento para introducir los cambios, incluyendo los que puedan realizar el resto de fuerzas políticas. Báñez, en contra de la opinión de los sindicatos, ha insistido en que la reforma es constitucional.

Sin embargo, los sindicatos criticaron con dureza el contenido de la reforma y evitaron crear falsas expectativas sobre la posibilidad de cambiar su articulado. Por ello, aseguraron que mantendrán su calendario de movilizaciones, con una primera manifestación prevista para el próximo domingo, 19 de febrero, y que podría conducir a la convocatoria de una huelga general, según advirtieron dirigentes de las secciones de  Madrid de ambos sindicatos.

Los empresarios, en cambio, no comparecieron tras su reunión con la ministra de Trabajo. Sin embargo, el vicepresidente de CEOE y presidente de la madrileña CEIM, Arturo Fernández, alabó horas antes una reforma que considera “profunda, la más amplia de la democracia”, que se será la “definitiva”, en su opinión,.

«Vamos a poder flexibilizar plantillas y contratar y despedir con más facilidad», dijo Fernández, que se refirió además a otro de los aspectos más controvertidos de la reforma, la rebaja salarial. «A veces es conveniente» para una empresa con problemas congelar salarios o incluso bajarlos, para no tener que despedir trabajadores, dijo. Gracias a la reforma, estas iniciativas serán posibles cuando una empresa presente pérdida de ingresos o ventas durante seis meses consecutivos.

El Gobierno asegura que habrá que esperar para ver los efectos más positivos de la reforma. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno tendrá «sin duda» efectos positivos sobre la economía española «a medio plazo».

Preguntado por el motivo por el que el Gobierno ha ‘roto’ sus promesas electorales de no abaratar el despido y subir impuestos, De Guindos ha subrayado que el Ejecutivo ha tenido que tomar medidas «prácticamente sobre la marcha» ante la nueva recaída que ha experimentó la economía desde el verano sin haberse recuperado todavía de la recesión que empezó a sufrir a finales de 2008.

Los sindicatos estudian un recurso de inconstitucionalidad

Durante la reunión, los líderes sindicales han trasladado a la ministra que el Real Decreto-ley aprobado el viernes contiene algunos elementos que podrían ser «inconstitucionales», como el hecho de que se discrimine entre empresas de hasta 50 trabajadores y de más de 50 o el que se le asigne a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, integrada por sindicatos, empresarios y Administración, la última palabra para decidir sobre el descuelgue de un convenio.

«Hay sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que impiden que la Administración pueda dictar laudos obligatorios y en esa Comisión está la Administración», ha recordado Toxo. Así, si la redacción final de la reforma, una vez haya pasado por las Cámaras, se mantiene en sus términos actuales, los sindicatos acudirán al TC. De momento, los servicios jurídicos de las centrales están valorando el contenido de la ley.