La reforma laboral impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy ha cambiado radicalmente el panorama del ajuste en la banca española. Y lo ha hecho incluso antes de que el PP volviera a La Moncloa con mayoría absoluta: los sindicatos ya habían comunicado a bancos y cajas su disposición a aceptar congelaciones salariales de los trabajadores siempre y cuando se evitaran expedientes de regulación de empleo (ERE) y otros mecanismos de despidos masivos. La puesta en marcha de la reforma laboral por la ministra de Empleo Fátima Báñez, también trastoca los planes de las entidades financieras. Las prejubilaciones, que han sido la vía más utilizada por la banca para realizar ajustes no traumáticos de plantilla, se ven penalizadas en la nueva normativa. Algunas entidades, como el Popular con la integración del Pastor, han optado por mantener su intención de evitar un ERE y otras vías traumáticas de reducción de empleo y seguir con las prejubilaciones y las bajas incentivadas. Otras, como Banca Cívica o BMN, se adaptan a la reforma laboral y proponen reducciones generalizadas de salarios y/o suspensiones temporales de empleo.

Banca Cívica (formada por Caja Navarra, CajaCanarias, CajaBurgos y la sevillana Cajasol) quiere conseguir una ratio de eficiencia (peso de los gastos sobre los ingresos) inferior al 50% y para ello ha propuesto a los sindicatos un plan de suspensiones temporales de contratos, con mecanismos rotatorios, de un porcentaje de la plantilla; una reducción generalizada de salarios; y la suspensión de aportaciones a los planes de pensiones, “como alternativa” a los despidos, que serían unos 1.500. Los sindicatos aceptan negociar esas medidas, pero siempre desde su aceptación voluntaria por parte del trabajador afectado, no una propuesta que “implica arbitrar esas medidas de forma obligatoria a casi la totalidad de la plantilla”. Y subrayan que “por supuesto, no es el mejor momento, a puertas de una nueva oleada de fusiones, de realizar planes a largo plazo”, en referencias a los movimientos de Banca Cívica para incorporar un nuevo socio.

Los responsables de Banca Cívica han expuesto a los sindicatos la necesidad de reducir en 150 millones de euros los gastos de personal antes de que finalice 2013. En 2012 está previsto un recorte de los gastos generales de 70 millones. Y que para lograr ese objetivo, irrenunciable para la entidad, no son suficientes las suspensiones temporales de empleo, sino que se requieren también una reducción generalizada de salarios y la suspensión de las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de los trabajadores. Banca Cívica ya ha prescindido de 1.100 trabajadores desde su creación, básicamente mediante planes de prejubilaciones y bajas incentivadas.

BMN (impulsada por CajaMurcia junto a la catalana Caixa Penedés, Caja Granada y la balear Sa Nostra) busca la salida de 530 empleados, más las20 bajas pendientes de ejecutar del ERE todavía en vigor. Para ello, propone bajas incentivadas con una indemnización de 33 días de salario por año trabajado al personal de servicios centrales y de 28 días al personal de red. Además, la entidad prevé una reducción salarial del 5% entre mayo de este año y abril de 2014, la suspensión rotatoria a lo largo de dos años de 800 empleados (durante tres meses cada uno) y medidas de flexibilización de la jornada laboral de toda la plantilla.

NovaGalicia Banco, fruto de la fusión de las dos cajas gallegas, quiere un ajuste adicional de 750 puestos de trabajo, además de rebajar el salario entre un 4% y un 20% para los empleados que ganen más de 25.000 euros. La reforma laboral se lo permite, alegando una disminución de los ingresos durante tres trimestres consecutivos. Los sindicatos ofrecen como alternativa que “se flexibilicen» las aportaciones de la entidad al plan de pensiones de los trabajadores.

En Unicaja y en Caja Duero temen que las nuevas exigencias de dotaciones impuestas por la reforma financiera provoquen nuevos ajustes de empleo.

Congelación salarial para evitar despidos

El principio de acuerdo entre la patronal AEB y los sindicatos para el convenio de banca sigue las pautas del convenio de cajas: congelación salarial a cambio del compromiso de las entidades de utilizar el despido sólo como último recurso. Pero los sindicatos temen que “alguna entidad termine descolgándose del acuerdo”, porque la reforma laboral abarata el despido al tiempo que encarece la prejubilación, y facilita que las condiciones salariales fijadas pueden modificarse unilateralmente en caso de pérdidas, previsión de ellas o caída de los ingresos durante tres trimestres consecutivos.

A cambio de evitar los despidos, los 120.000 trabajadores de los bancos se someterán a dos años de congelación salarial (2011 y 2012), y magras subidas en 2013 (1,25%) y 2014 (1,5%). Los salarios quedan desligados del IPC y, a partir de 2013, podrían experimentar un alza adicional de entre el 0,5% y el 1,5% en función de los resultados empresariales. En el convenio de las cajas, la posibilidad de congelación salarial se extiende a cuatro años.

La banca ya ha recortado 14.000 empleos desde el inicio de la crisis, pero algunos cálculos realizados por primeros ejecutivos de algunas entidades elevan hasta 50.000 puestos de trabajo sobrantes (lo que implicaría volver a las plantillas existentes en el sector antes de 2008) el ajuste total necesario para adecuarse a la nueva realidad económica. El nuevo marco laboral facilita y abaratar el ajuste de las plantillas, hasta ahora canalizado a través de prejubilaciones y bajas incentivadas.