El pasado 23 de febrero ya tuvo lugar una tensa reunión del consejo de administración de YPF, a la que también asistió el presidente del grupo Antonio Brufau, que sirvió de punto de partida  para un nuevo enfrentamiento.

El incidente se produjo por la intención de algunos representantes del Gobierno, los secretarios de Estado de Política Económica y de Energía, Axel Kiciloff y Daniel Cameron, respectivamente de participar en la reunión, a lo que se opuso el directorio del grupo. El consejero por parte del Estado en YPF era sólamente el subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta.

Este problema se produjo después de unas semanas marcadas por diversos desencuentros que ponían de manifiesto que las relaciones entre Repsol YPF y el ejecutivo de Buenos Aires no atravesaban su mejor etapa. Asimismo noticias surgidas en presa afín al partido en el poder incrementaban la crisis y apuntaban ya a una posible renacionalización de la filial argentina.

Brufau se trasladó a Buenos Aires, pero no fue recibido por la presidenta Cristina Fernández, quien tampoco desmentió de forma rotunda esa posible medida. En los últimos  días también aumentaron las críticas por parte de los gobernadores de las provincias productoras en las que se acusa de bajas inversiones y elevados dividendos. Y también  se hizo pública una sanción del fisco argentino a YPF, que le condicionaba las exportaciones y las importaciones.