El esperado discurso de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el que uno de los temas centrales eran las eventuales medidas para hacerse con el control de YPF, se ha saldado con un mensaje ambiguo: de momento no opta por la renacionalización de la filial argentina de Repsol, aunque tampoco la ha descartado. Es decir, algo similar a la posición pública que ha mantenido en las últimas semanas. Sí destacó que YPF es una cuestión fundamental para el Gobierno argentino y que no permitirá ciertas prácticas. Las críticas hacia Repsol se habían centrado en lo que el Ejecutivo de Buenos Aires y de las provincias productoras consideran falta de inversiones y elevados dividendos. En esta línea, aseguró el jueves que su Gobierno luchará para forzar que la empresa garantice el abastecimiento del país y para que bajen los costes. Se valdrá, añadió, de «todas las armas que nos da la Constitución vigente”.

No obstante, esta decisión supone de momento un alivio para el grupo que preside Antonio Brufau que se ha visto fuertemente presionado en los últimas semanas. Con este ambiente de fondo, el Gobierno español ha intentado paralizar cualquier medida que dañase irreversiblemente los intereses de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, se trasladó a Buenos Aires y desde Madrid se han lanzado otros mensajes para calmar la situación. Se crearán grupos de trabajo para estudiar encauzar los enfrentamientos.

No obstante, la operación de reestatalización les saldría ahora más barata. El valor de YPF en Bolsa, después de  las fuertes caídas de las últimas semanas, no alcanza los 10.000 millones de dólares, por lo que la toma de control ascendería a unos 5.000 millones.  La capitalización bursátil de la filial argentina de Repsol se ha ido reduciendo de forma drástica en las últimas semanas, ya que a principio de año ascendía a 16.000 millones de dólares. Los anuncios semioficiales que apuntaban a la toma de YPF podrían haber, por tanto, beneficiado al Ejecutivo de Buenos Aires frente a Repsol y al empresario Eskenazi, que tienen el 58% y el 25%, respectivamente. No obstante, el Gobierno de Cristina Fernández debería arbitrar un proyecto de ley que le permita materializar la nacionalización. Fuentes argentinas señalan que el borrador ya está en poder de la presidenta del Gobierno.