La reforma financiera “no es una iniciativa aislada”, sino que forma parte de “una agenda reformadora de gran alcance, que conjuga el impulso a un nuevo crecimiento económico, el saneamiento de las finanzas públicas y el compromiso con los criterios de reducción del déficit”. Así empezaba Mariano Rajoy su discurso de clausura del Encuentro Financiero Internacional Bankia 2012, en el que inmediatamente antes el presidente de esta entidad y ex vicepresidente económico del Gobierno con José María Aznar, Rodrigo Rato, reclamaba acompasar el ajuste con una estrategia de crecimiento. En esa línea, Rajoy deja claro que “ponemos en marcha de forma simultánea políticas de crecimiento y austeridad”.

¿Cómo? Con “una batería de medidas claras y ambiciosas, y también justas y equitativas”, que, como reconoce Rajoy, “no nos sacarán de esta crisis en un mes o dos”. Pero el presidente del Gobierno subraya que “si algún sector ha sufrido de forma dramática el colapso del crédito y la morosidad de las Administraciones Públicas es el de las pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos: la espina dorsal de nuestro tejido económico y la clave de bóveda de la creación de empleo” en España.

Rajoy presume de que “en menos de tres meses, hemos dado inicio al mayor impulso reformista que hemos conocido en mucho tiempo”. Y de que la agenda de reformas, “que se prolongará durante toda la legislatura”, está centrada en tres objetivos: la consolidación presupuestaria, la transparencia y fortaleza de las entidades financieras, y aumentar la competitividad de la economía española.

En esa dirección está el primer ajuste (15.000 millones de euros) aprobado en diciembre de 2011, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales del Estado (que se aprobarán a finales de marzo), la ley de reforma de los organismos reguladores y la reducción del sector público empresarial, y la reforma laboral.

Pero quedan “actuaciones orientadas a la eliminación de barreras y a la unidad del mercado”, como al Ley de Apoyo a los Emprendedores, que se presentará antes de fin de mes. Reformas encaminadas a la mejora de la educación y de la formación profesional. Una reforma de la justicia y del arbitraje en asuntos civiles y mercantiles que agilice los procedimientos, reduzca los litigios, refuerza la seguridad jurídica y mejore la competitividad de España.

Y otras reformas sectoriales, “orientadas a la racionalización de los costes y a la explotación de la ventaja competitiva de la economía española”. Entre ellas, la que afecta al sector energético, y el nuevo Plan Integral de Turismo.

Reactivar el crédito

Ante un millar de directivos de empresas y de entidades financieras, Rajoy defendió la reforma financiera, porque “el crecimiento y el empleo dependen del acceso a la financiación de proyectos de inversión viables y a empresas y familias solventes”. “El objetivo es claro: reactivar el crédito”. Pero el presidente del Gobierno recuerda a la banca que “debe ajustar su capacidad”.

Quizás porque tenía al lado a Rato, cuyo sueldo anual ha bajado de más de tres millones de euros a 600.000 euros al presidir una entidad financiera que ha recibido ayudas públicas, según una norma de la reforma financiera, Rajoy no pronunció en público dos frases que tenía en su discurso: “El último eje de la reforma establece límites a las remuneraciones en entidades que han recibido ayudas públicas. Estos límites persiguen el mismo fin que todas las actuaciones del Gobierno: garantizar que el dinero público se utiliza de la mejor manera para el conjunto del país”