Cuando se acerca el día en el que el Consejo de Ministros deberá aprobar la nueva regulación eléctrica, se suceden los mensajes directos o indirectos a la Administración desde las diversos sectores, empresas y colectivos afectados por esa normativa. Hay mucho en juego. Tanto que, medios de las eléctricas destacan que si la normativa aporta un marco equilibrado, con ingresos predecibles, que permitan afrontar inversiones, ahora en distribución, y más adelante en generación, la crisis del sector puede dar un giro significativo en unos dos años. Añaden que, por el contrario, si la nueva regulación no va por ese camino, el futuro de unas empresas que están destruyendo valor sería incierto si no fuese por sus participaciones internacionales.

Si ese es el discurso general, los detalles no tienen menor relevancia. Una vez parece difuminado el fantasma de la quita en la deuda acumulada por el déficit tarifario -unos 24.000 millones de euros-  por las declaraciones del titular de Industria,  José Manuel Soria, en las que se descartaba esa medida, la preocupación se centra, entre otros temas, en las posibles tasas adicionales a las centrales hidroeléctricas y nucleares.

Los que defienden ese impuesto adicional se basan en una posible elevada retribución a esos activos por el pool –mercado mayorista de generación- dado que sus costes variables son más bajos que los de otras centrales. No obstante, desde las empresas propietarias se destaca que, además de que las inversiones materiales son más altas, también son significativas las de mantenimiento, especialmente en el caso de las nucleares.

Agregan además que las inversiones de las ocho nucleares en activo, que suponen inmovilizado bruto de unos 19.000 millones de euros,  no están amortizadas, y que les queda una vida respecto al diseño inicial de unos 13 años.

Pero el argumento que más utilizan en sus informes y en los escasos encuentros con los responsables de la política energética apunta a que las inversiones en seguridad que requieren las nucleares ascienden por el momento a más de 340 millones de euros al año. Esa cifra podría subir significativamente puesto que deberán afrontar inversiones más cuantiosas en infraestructuras y equipos de emergencia en los próximos cinco años para cumplir con los requisitos establecidos después del accidente de la central japonesa de Fukushima.

Como consecuencia se podría producir un cambio de estrategia. Mientras que las eléctricas defendieron el alargamiento de la vida de Garoña, ahora señalan que no sería rentable apostar por aumentar la vida útil de otras nucleares si se imponen tasas adicionales. Y menos invertir en nuevos grupos.