Las organizaciones territoriales de transportistas, gran parte parte de ellas pertenecientes a la federaciones Fetransa y Fenatport, aseguran que el sector se encuentra totalmente arruinado y que la Administración sigue sin tomar ningún tipo de medida al respecto.

El incremento del precio del combustible ha contribuido en gran medida a la precariedad del sector.  En el mes de marzo el precio interanual ha sido de un 15%, el bianual del 33% y el trianual del 67 %. A esta subida se suma la aplicación por muchas Comunidades Autónomas del céntimo sanitario (4,8 céntimos por litro) y la rebaja de la bonificación fiscal del gasóleo profesional de 2,9 céntimos por litro a 0,1 céntimo por litro, es decir, un máximo de 50 € por vehículo para este año 2012. El año pasado era de un máximo de 1.400 euros por vehículo, por lo que la situación de las pymes y autónomos del transporte resulta insostenible.

Para evitar que la situación de autónomos y pymes del sector empeore aún más, el colectivo de transportistas propone una serie de medidas como la aplicación de la cláusula de revisión del coste del combustible establecida en el art. 38 de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre. Proponen que debe incorporarse un precepto sancionador en caso de incumplimiento y aparecer de forma separada en la factura. En la misma línea, establecer una cláusula antidumping que impida imponer un precio del transporte por debajo de su coste.

Por otro lado, cesar el abuso que están cometiendo algunas Comunidades Autónomas al implantar el conocido como céntimo sanitario, Impuesto sobre Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos (IVMH). Piden la exención de dicho impuesto del mismo modo que lo están el resto de modos de transporte como el aéreo, marítimo y ferrocarril.

Las asociaciones de transportitas solicitan establecer un plazo máximo de pago a 30 días debiendo preverse un precepto sancionador a fin de hacer eficaz dichos plazos máximos de pago al igual que ha sucedido en otros países de nuestro entorno como Francia.

Por último, proponen una reordenación del sector con medidas normativas encaminadas al equilibrio de la oferta y la demanda. Esta medida se realizaría mediante la revisión de las condiciones de acceso al mercado del transporte y el fomento del abandono de la actividad de los transportistas autónomos de avanzada edad. Se suprimiría el carácter de concurrencia competitiva de las ayudas con el fin de que se puedan acoger todos los transportistas que cumplan los requisitos.