La mayoría de las empresas concesionarias de autopistas rechazan el modelo de fusión de concesiones, que se defiende desde el Ministerio de Fomento, como vía para solucionar los graves problemas financieros que afectan a gran parte de estas infraestructuras. El motivo que subyace en esta postura es que las operaciones de concentración favorecerían la posición ya preponderante que Abertis tiene en la península en detrimento de otras operadoras.

Las empresas están a favor de fórmulas como los créditos participativos, que sirvan para sortear la crisis y para llegar a acuerdos a largo plazo con los bancos acreedores, que en algunos casos se han negado a la renegociación y refinanciación de los créditos. Otra crítica que se realiza desde las compañías afectadas a las fórmulas hasta ahora planteadas es que el plazo establecido para encontrar una solución -la ministra de Fomento, Ana Pastor, lo fijó en seis meses, es decir hasta verano- puede ser excesivamente largo con lo que no se descartaría que alguna autopista entre en concurso de acreedores.

Por otro lado, desde Fomento se ha descartado la nacionalización de cualquier activo, considerando que esa medida será el último recurso. En algunos medios se había planteado la posibilidad de algún rescate a través de Seittsa, la filial de Fomento para inversión en infraestructuras.

La crítica situación de estas concesiones es uno de los problemas más acuciantes del Ministerio de Fomento, pese a que este se enfrente este año a la reducción más sustantiva de su presupuesto para inversiones en la etapa democrática. En esta línea, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno estudió en marzo un informe de este departamento donde se ponía de relieve el balance actual de las 21 concesiones que dependen del Estado. En el documento se subrayaba que nueve corredores estaban al borde de la quiebra por su difícil situación financiera, por los costes por expropiaciones y por unos ingresos muy por debajo de las previsiones. En ese informe se planteaba las fusiones entre concesionarias, ya que de producirse suspensiones de pago el Estado sería en parte responsable de las insolvencias.

Las concesionarias de autopistas – entre las que figuran, Abertis, ACS, Ferrovial, Sacyr, OHL (que acaba de cerrar una alianza con Abertis), Acciona y Globalvía (participada por FCC)- han conseguido de Fomento, no obstante, la extensión de las cuentas de compensación hasta el año 2021. Con este sistema, que tiene como objetivo paliar a las operadoras por la caída de facturación y clientes, el ministerio compensará una parte de las diferencia de los ingresos generados por el tráfico real y el que lograrían si se alcanzasen en un 80% las previsiones de tráfico establecidas en los contratos de concesión.

Además Fomento trabaja en el rediseño del modelo de participación del capital privado en las autopistas de cara al futuro, con un plazo más amplio para la concesión y una mayor garantía del suelo de ingresos.