Las empresas argentinas, tanto las participadas por capital nacional como internacional, serán controladas por el Gobierno de Buenos Aires en todo lo referente a la retribución a sus accionistas. La distribución de dividendos será más estricta en el caso de compañías extranjeras, ya que uno de los objetivos de esa estrategia es evitar la salida al exterior de liquidez y divisas. Se trata de un tema que ya ha aflorado en el caso de Repsol en YPF, pero que parece que no se va a ser exclusivo de la petrolera española.

El ministerio de Economía y de Planificación, cuyo titular Julio de Vido fue nombrado gestor de la petrolera argentina, va a mantener reuniones en los próximos días con los principales directivos de las multinacionales ubicadas en el país austral para darles cuenta de los objetivos del Ejecutivo. Las metas de esta política son diversas, y van desde evitar la «fuga» de dólares a establecer la obligación de reinvertir parte de las ganancias. Todo este plan irá acompañado de la obligación de presentar los planes de inversión y de desarrollo en cada uno de los negocios en los que actúen empresas y consorcios. También pesará en la autorización para distribuir ganancias y «expatriar» divisas la creación de empleo en las filiales. En medios argentinos se señala que no se trata de una «medida de intromisión» en la gestión de los multinacionales, sino que se enmarca en el deseo de controlar de déficit comercial y  los fuertes problemas que atraviesa la moneda local, y que ése fue , asimismo, el propósito de decisiones internas como la que estableció controles a las importaciones.

El tema con ser relevante adquiere mayor importancia en la medida que fue uno de los primeros pasos de la expropiación de YPF a Repsol, por más que desde todos los ámbitos argentinos se señale que el caso de la petrolera no es similar al de otras compañías ubicadas en ese país. Sin embargo, ese recuerdo tan inmediato apunta igualmente a que ése fue uno de los motivos de los enfrentamientos en el consejo de YPF: el representante del Estado argentino impuso que no se retribuyese en metálico a los accionistas, pese a que con anterioridad habían aprobado el pay-out (parte de los beneficios que se destinan a remunerar a los accionistas). Fue una decisión que de hecho dejó fuera de juego al socio local, el Grupo Petersen, que precisaba de los dividendos para hacer frente a sus compromisos con la banca y con la propia Repsol. Todo este proceso fue acompañado de una fuerte reivindicación por parte del Gobierno de Cristina Fernández para que se invirtiese en Argentina todas las ganancias en YPF. Es una cuestión que ahora podría repetirse.

Fijar la obligación de destinar más dinero a las filiales ha estado también encima del tapete en las negociaciones entre Edesur, participada por Endesa, en un contexto marcado por la solicitud por la empresa de que se suban las tarifas eléctricas que han llevado a las pérdidas en el primer trimestre a la filial del grupo hispano-italiano. El control de la retribución a los accionistas y la obligación de destinar las ganancias a las filiales locales afectarían a otras sociedades españolas, como Telefónica, BBVA y Gas Natural. Pero se trata de una estrategia que por el momento ha reportado excelentes réditos políticos al Gobierno de Cristina Fernández, pese a los riesgos jurídicos o los problemas en ciertos organismos internacionales.