Era un clamor popular, y el Congreso de los Diputos se ha hecho eco. A iniciativa del grupo parlamentario de CiU,  y pactado con PP, PSOE y PNV y el apoyo del resto de los partidos con reperesentación en la Cámara Baja, se ha aprobado  instar al Gobierno a que revise los blindajes de los directivos de entidades bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con esta iniciativa se persigue evitar que las indemnizaciones de los directivos materialicen, aunque ya hayan sido devengadas.

De acuerdo con el texto que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que deberá ser ratificado en el Pleno del Congreso, se mandata al Ejecutivo que revise  «la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del FROB».

Los diputados han optado por decir que se «impada la materialización» de dichos pagos en lugar de que se anulen como figuraba inicialmente en la propuesta de CiU. Y se concreta que la revisión «sólo afectará a las entidades financieras que hayan requerido ayuda al FROB»con lo que quedan fuera de esta imposibilidad de materializar las indemnizaciones blindadas a las «entidades sanas» que se fusionen con otras problemáticas.

Además, y a propuesta de los nacionalistas vascos, en la iniciativa que se ha enviado al Gobierno, también se precisa que esta actuación deberá ser «tenida en cuenta» para que se incluya en el proyecto de ley de la  reforma del sector financiero aprobada, que fue aprobado el pasado mes de mayo.

Será retroactiva

La medida, además, no sólo afectará a las indemnizaciones y demás retribuciones abonadas en 2012 sino también en todo el tiempo en que la entidad siga intervenida. Pero ahí no queda la iniciativa, ya que además tiene carácter retroactivo a ejercicios anteriores, siempre que de su gestión en los ejercicios que las recibieran se demuestre que se produjeron malas praxis que dieron origen a su situación posterior de necesitar ayuda del Frob.

Tal y como ha explicado el portavoz catalán, Josep Sánchez Llibre, con la iniciatia se persigue  «impedir que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través del FROB». Desde el PNV, su portavoz Pedro de Azpiazu, aunque satisfecho con la iniciativa, reconoció que le hubiera gustado que estas medidas se incluyeran también en los códigos de conducta y los estatutos de los bancos. También ha pedido que esta iniciativa se convierta en ley de obligado cumplimiento, y la forma más rápida de conseguirlo sería incluirla en el proyecto de ley de la reforma financiera.

Desde el grupo socialista, su portavoz, Jesús Caldera, ha subrayado la importancia de este acuerdo entre todos los partidos, aunque sea «parcial», ya que de lo que se trata es de acabar con un comportamiento que «no es ético y tampoco tiene sentido económico». «Las remuneraciones excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias, especialmente en un momento tan delicado como éste», ha manifestado Caledera, para quien además, tras este acuerdo, se debe abrir un debate más profundo y transparente para fijar «códigos de conducta» que eviten la repetición de estas situaciones en el futuro.

Por su parte, el portavoz del PP, Fernando López-Amor, ha considerado que con esta iniciativa se frena un «fenómeno absolutamente execrable», sobre el que el Gobierno ya había anticipado alguna medida al prohibir los «bonus» en las entidades que reciban ayudas públicas. También mostró su deseo de que la iniciativa se incluya en la reforma financiera.

Por último, los diputados del grupo mixto también mostraron su apoyo a la iniciativa. Así, desde Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado Joan Coscubiela consideró que este problema ha sido una de las causas de la crisis, aunque ha condicionado su «voto de buena fe» a que el PP se comprometa a introducir la iniciativa en la reforma del sistema financiero. También Nueva Canarias ha apoyado la medida, aunque su portavoz, Pedro Quevedo, ha pedido que se extienda a todas las entidades. También echó en falta que no se aborden las responsabilidades de quienes «tenían que regular y vigilar el sistema y no lo hicieron», permitiendo que «comportamientos obscenos» de algunas entidades para obtener beneficios hayan llevado a un gran apalancamiento del sistema que ahora provoca problemas generalizados al sistema.

También la diputada de ERC, Teresa Jordà, se ha mostrado a favor de abrir una comisión de investigación a esos directivos, que «muy probablemente se merecen un castigo penal de dimensiones similares a sus escandalosas indemnizaciones». «Es ruin que entidades intervenidas con dinero de todo regalen indemnizaciones multimillonarias a sus directivos», ha concluido. Y el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha considerado que se ha «edulcorado» la iniciativa de CiU al referirse solo la retroactividad a lo devengado y no cobrado, y no a lo que les ha sido abonado y han cobrado. También ha pedido que se congelen de forma «cautelar» todas las indemnizaciones mientras actúa la Justicia.